El juez Pablo Llarena, sobre la amnistía: "Lo primero es debatir si cabe en la Constitución"

La hipotética ley de amnistía, exigencia de Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Pedro Sánchez a través de los apoyos de Junts per Catalunya, tiene muchos “matices” pendientes de “definir”, si bien el primer debate debe aclarar si la amnistía “cabe” en la Constitución y, de ser así, y si existe una “finalidad constitucionalmente legítima”, ha indicado Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En una conferencia en la Facultad de Derecho de Burgos, Llarena ha insistido este lunes en que es pronto para un pronunciamiento sobre una posible ley de amnistía, ya que “hacen falta muchos matices que todavía no están sobre la mesa”, y ha indicado que desde una perspectiva académica el primer debate se centra en analizar “si el ordenamiento constitucional permite o no la amnistía”.

“Si concluimos que no cabe, entonces el debate se acaba”, ha apuntado, pero si se concluye que sí tiene cabida, “entonces hay que mirar si la posible ley es legítima o si se justifica”, es decir, que “si no es inconstitucional, si procede”.

Y para ello es necesario conocer la exposición de motivos, las razones que la argumentan y si esas respetan las exigencias constitucionales, “si hay una finalidad constitucionalmente legítima que justifica que se desactiven principios constitucionales fundamentales”, como la división de poderes o la igualdad, ha indicado el magistrado del Supremo

Por ese motivo, Pablo Llarena ha insistido en que, ahora mismo, “no puede haber un pronunciamiento”, pues “solo sabemos que hay un señor” que, tras un proceso, se ha determinado que existen “indicios racionales de criminalidad” y reclama la amnistía.

En en el caso concreto de Carles Puigdemont, el magistrado ha afirmado que “hay que ver si lo que este señor reclama se ajusta a los principios constitucionales” y, ha indicado Llarena, prometer un apoyo político para favorecer una investidura “no parece que esa razón tenga fuerza bastante”, ya que la Constitución ya recoge el procedimiento a seguir si un candidato no consigue los votos suficientes para ser investido presidente del Gobierno.

Además, Puigdemont “insiste” en que su actuación ha sido legal, ha afirmado el magistrado, pero el procedimiento judicial no lo recoge así, además de que existe un delito de malversación “que no se ha derogado”, y se “jacta de que tiene derecho a hacerlo”, cuando habla de la autodeterminación.

El magistrado del Supremo ha reiterado que, por el momento, estos son “los únicos parámetros que podemos evaluar”, y se debe partir en primer lugar de definir si la amnistía cabe en la Constitución y, en ese caso, si se justifica por intereses legítimos.

Sometidos al imperio de la ley

En su conferencia, que ha llevado por título ‘El poder judicial como garante del Estado de Derecho’, Pablo Llarena ha recordado que, siguiendo lo que recoge el artículo 117 de la Constitución, los jueces son responsables, inamovibles, independientes y están “sometidos exclusivamente al imperio de la ley”.

Y ha añadido que, en el ejercicio y defensa de esa independencia, también tienen que ser imparciales, y no solo tienen que serlo sino parecerlo, de ahí la importancia de las formas, pues de lo contrario esa imagen “erosiona la credibilidad del sistema judicial y del Estado de Derecho”,

El magistrado ha admitido que la independencia de los jueces “genera aristas fundamentalmente en la relación con otros poderes del Estado”, como el político, y ha advertido de que se está produciendo un “deslizamiento” que hace “perder posiciones de valor” y que esa independencia se “debilite”.

Entre los riesgos de ese deslizamiento se encuentra el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está generando “perturbaciones”, y forma parte del “ruido” que si bien no perjudica al funcionamiento del sistema sí contribuye a debilitar la percepción social de los jueces.

También el Tribunal Constitucional, con “posibles disfunciones”, contribuye a que se pierda credibilidad, lo mismo que los aforamientos, que se ven como “un instrumento que opera para favorecer a determinados privilegiados” pero que el juez Llarena no considera que se deban de eliminar, solo “revisar” en algunos casos.