La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha reiterado este miércoles que la nueva ley de educación no implica ningún ataque a la escuela concertada. "El ministerio es plenamente consciente de la libertad de elección de las familias", ha añadido para dejar claro que la norma -que se está tramitando todavía en el Parlamento- no reducirá la libertad de madres y padres para elegir la educación de sus hijos. La ley "mantiene el compromiso con el artículo 27 de la Constitución", que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. "La prestación de servicio público se realiza a través de la escuela pública y la escuela privada concertada", ha concluido en una reunión informativa sobre los presupuestos de su departamento con periodistas especializados.

La norma, que recibirá el nombre de LOMLOE, implicará la práctica derogación de la ley actual, la polémica LOMCE, más conocida como 'ley Wert' por el apellido del ministro del PP que la impulsó. La norma socialista eliminará el término demanda social, requisito incluido en la LOMCE para permitir a la concertada sacar más plazas. Lo que pretende el gabinete de Celaá es que la concertada asuma su compromiso social con la educación, incluida la escolarización de alumnos con especiales necesidades. "Queremos una escolarización sin exclusión social, queremos escuelas inclusivas e equitativas", destacó la ministra en 2018 cuando presentó, por primera vez, su proyecto de ley.

La pública, eje vertebrador

Cierto es, en todo caso, que Celaá siempre ha defendido que los coles públicos debe ser "el eje vertebrador" del sistema educativo y, por lo tanto, tener más peso que los concertados.

Castellano y catalán

Respecto al uso del castellano y de las lenguas cooficiales, la titular de Educación ha reiterado que el objetivo de su ministerio no es desalojar ni el castellano y el resto de idiomas cooficiales de las aulas. "La nueva ley respeta la Constitución y los estatutos de autonomía", ha recalcado. La LOMLOE -que incluirá una enmienda propuesta por ERC para defender el modelo catalán de inmersión lingüística- obligará a los alumnos a terminar la educación secundaria obligatoria con destrezas en el conocimiento y el uso del castellano y las lenguas coofiales. Habrá medidas compensatorias para los estudiantes que necesiten reforzar alguna de las dos lenguas. A pesar de ello, la enmienda de ERC ha hecho saltar las alarmas en el PP, que ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Aulas en cuarentena

Respecto al impacto de la pandemia en los centros educativos, Celaá ha subrayado que el número de padres y madres absentistas que han renunciado a la escolarización de sus hijos e hijas por temor al contagio es "irrelevante". A día de hoy, el número de aulas que están en cuarentena preventiva (por haber dado positivo algún alumno) en toda España es de 6.469, lo que supone un 1,67% del total.

Celaá se ha mostrado partidaria de mantener los coles abiertos, incluso en el hipotético caso de que se decretara un confinamiento domiciliario, como ha sucedido en Francia y Alemania. "Mantenerlos abiertos es importante. Nos jugamos la formación de una generación y, además, los centros han demostrado ser firmes detectores del coronavirus gracias al rigor, la responsabilidad y el esfuerzo de los docentes y los direcciones escolares. Y también de los niños, niñas y jóvenes".