Según informó hoy la Dirección General de la Policía, entre los arrestados, a los que se acusa además de falsificación de documentos, hay dos funcionarias de la Oficina Unica de Extranjeros de Valencia.
La investigación se inició el pasado mes de noviembre ante la información de que una persona estaría obteniendo por medios fraudulentos y con la colaboración de un funcionario autorizaciones de residencia para ciudadanos chinos en situación irregular.
Tras identificar a la sospechosa como Qun Ye P., de nacionalidad española y origen chino, fue localizada también una ciudadana española llamada María B. B., quien acudía casi a diario a la Oficina Unica de Extranjeros de Valencia, donde intercambiaba documentación con dos funcionarias.
Posteriormente, la Policía logró identificar en Palma de Mallorca al padre de la primera sospechosa, Yongyi Y. L., al hermano de ésta, Zike Y. y otro ciudadano chino, Baoting L., encargados de facilitarle las identidades y documentaciones de ciudadanos chinos para ser trasladados a España y de otros que, ya en territorio español, necesitan ser regularizados.
En Valencia se localizó a dos hermanas y a una prima que llevaban a cabo la misma actividad que su familia en Palma, así como a cuatro españoles: Josep M.J., técnico de contabilidad, encargado de falsificar documentos que se aportan a los expedientes de regularización; María Julia L. L., y María Isabel P.C., ambas funcionarias de la Oficina Unica de Extranjeros; así como Carmela Liliana V. F., contratada en esta Oficina.
La organización llevaba a cabo, como una de sus principales funciones, la tramitación de expedientes de ciudadanos chinos que se encontraban en su país como una forma encubierta de promover o facilitar su introducción ilegal en España como mano de obra clandestina.
Para esta actividad se servían de ofertas de empleo para puestos de trabajo de los denominados de difícil cobertura o que no registran desempleo.
Con la connivencia de las funcionarias, se aseguraban una resolución favorable a la oferta de empleo, que se enviaba a la Embajada para que facilitara un visado con el que viajar a España y canjearlo por un permiso de trabajo y residencia.
En los registros efectuados en Valencia y Palma se han intervenido, entre otros efectos, 268.570 euros en efectivo, sellos de caucho para autentificar certificados de penales, médicos o de estudios, equipos informáticos y certificados falsos, centenares de documentos relacionados con esos expedientes, pasaportes de ciudadanos chinos y una pistola simulada.
Además, la Policía ha identificado a otros diecinueve ciudadanos chinos cuando acudían a trabajar a empresas de construcción administradas por los miembros de la organización.
