La firma del convenio colectivo del transporte urbano evitará que las nuevas concesiones de los autobuses de las pedanías y de las áreas metropolitanas de Murcia y de Cartagena se estrenen el próximo día 3 de diciembre con protestas laborales. CC OO, USO y UGT han alcanzado un acuerdo que pone fin a varios años de desencuentros entre los trabajadores y las empresas concesionarias, según informaron ayer las tres organizaciones sindicales en una nota de prensa.
No obstante, el propio consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, reconocía el pasado viernes en un encuentro con periodistas que la puesta en marcha de las nuevas concesiones resultará problemática y provocará quejas de los usuarios en los primeros días.
Aunque los sindicatos no habían anunciado oficialmente las movilizaciones para el 3 de diciembre, el malestar generado por el bloqueo de las conversaciones en plena etapa de modificación de las líneas que discurrirán en torno a las grandes ciudades de la Región había llevado a los comités de empresa a plantearse aprovechar la puesta en marcha de los nuevos itinerarios para exigir las mejoras y las subidas salariales bloqueadas en la mesa de negociación.
En el caso de Murcia a las reivindicaciones salariales se sumaba también el malestar creado por la empresa Latbus al hacer el reparto entre los trabajadores que pasaban a las líneas de pedanías y los que se mantenían en las concesiones de Alcantarilla, Molina o Santomera. Sin embargo, Latbus ha perdido todas estas concesiones y será sustituida en las rutas de pedanías de Murcia por la gallega Monbus. El problema ahora es que la subrogación solo incluye a los conductores, pero no al resto de personal.
El acuerdo con la patronal establece que en 2020 no habrá subida salarial. En 2021 los trabajadores cobrarán una subida del 2,5% sobre el salario base de las tablas salariales con efecto retroactivo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Estos atrasos serán abonarán por las empresas en un plazo máximo de doce meses a partir de uno de enero de 2022. Para el próximo año el acuerdo contempla la subida del IPC real de 2022, garantizando una subida mínima del 1,5% en caso de que la inflación no llegue a alcanzar este porcentaje.
