La Fiscalía vuelve a la carga y pide al Ayuntamiento más facturas sospechosas

No hay tregua de la Fiscalía de la Región porque los contratos realizados por el Ayuntamiento de Murcia desde el 2015 siguen estando en el punto de mira. El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, adscrito a la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), ha reclamado este mes de mayo nuevas facturas de servicios menores prestados por la Administración local con el objetivo de comprobar si se ha producido un fraccionamiento para evitar un concurso público, una conducta que va contra la Ley de Contratos del Sector Público.

Esta nueva investigación se realiza a instancias del procedimiento iniciado por la Fiscalía el año pasado para chequear los contratos menores, que son los que están bajo la lupa del Ministerio Público, según ha podido saber esta Redacción.

La Ley de Contratos del Estado establece que las corporaciones locales pueden hacer contratos menores por valor de hasta 15.000 euros más IVA en el caso de servicios y suministros y de hasta 40.000 euros más IVA como máximo si se trata de inversiones. Además, el concejal o cargo público tiene una bolsa de hasta 9.000 euros para gastar en lo que precise el municipio aunque en todos los casos se recomienda pedir hasta tres presupuestos.

Lo que la norma deja claro es que no se debe hacer un fraccionamiento de contratos y de proyectos para hacerlos pasar por contratos menores y obliga a los ayuntamientos a sacar un pliego de condiciones para un contrato mayor y ofertar el contrato a la libre concurrencia cuando sobrepasa las cantidades establecidas para los contratos menores.

En esta ocasión, la UDEF ha reclamado al Ayuntamiento facturas de tres concejalías: la de Pedanías, la de Plazas y Mercados y la de Policía Local para esclarecer si nueve contratos de esos departamentos fueron fraccionados o adjudicados prácticamente a dedo. En el caso de la Concejalía de Pedanías, se trata de cuatro facturas de la junta municipal de Zarandona correspondientes a servicios adjudicados en junio y en octubre de 2018 por valor de menos de 6.000 euros relacionados con el certamen de teatro.

Los documentos que obran en poder de esta Redacción indican que la Policía Nacional ha realizado el requerimiento a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que han remitido esta petición a los distintos departamento municipales. En el caso del servicio de Plazas de Abastos, la solicitud de información versa acerca de dos facturas. Una de ellas asciende a 18.140 euros por trabajos de mantenimiento en plazas de abastos de Murcia y pedanías y va fechada el 11 de marzo de 2019, el mismo día de otra factura de 15.158 euros por el mismo concepto: trabajos en los mercados de abastos del municipio. La Fiscalía también quiere información sobre los servicios contratos por el departamento de Policía Local de vigilancia en instalaciones del depósito del Mayayo. Dos de esas facturas se hicieron con un mes de diferencia, en 2020, por el mismo importe: 18.125 euros. Además, esas tareas fueron adjudicadas a la misma empresa, que ha aparecido en otra remesa de documentos en poder del Ministerio Público sobre otros servicios que podrían haberse fraccionado, indicaron fuentes conocedoras de la investigación judicial.

El otro servicio bajo sospecha es de esa misma firma, asciende a 11.512 euros y el concepto es idéntico: vigilancia y seguridad de instalaciones municipales en el depósito Mayayo. Lo único que cambia es la fecha de prestación del suministro. En la primera factura se detalla que el servicio se presta entre el 18 de marzo de 2020 hasta abril de 2020. En la segunda hace mención al servicio entre mayo y junio y en la tercera se especifica que el contrato es de junio a julio.

La Intervención del Ayuntamiento en un informe remitido al Pleno del Ayuntamiento en febrero pasado ya hacía constar la utilización inadecuada de la contratación menor al chequear 18.600 contratos menores celebrados en 2019 por importe de casi 39 millones de euros. Incluso, afirmó que se han detectado distintas irregularidades al ser analizadas distintas adjudicaciones, así como «determinados gastos que se corresponden con necesidades de carácter recurrente o permanente y han sido tramitadas como contratos menores».

El uso que hacía el PP de la contratación menor es uno de los argumentos que utilizaron PSOE, Cs y Podemos para justificar la moción de censura.