Agricultores de Algezares, Llano de Brujas, Alquerías, Puente Tocinos y otras tantas pedanías de Murcia se plantaron ayer en el Ayuntamiento de la capital para ser escuchados y pedir alternativas a la prohibición de quemas agrícolas que entró en vigor a mediados del pasado año y por la que desde hace unos meses la Policía Local de Murcia les viene denunciando. Entre las peticiones: una moratoria de la norma que les permita organizarse entre ellos para comprar maquinaria o trituradoras.

Visiblemente cabreados, levantando el tono y haciendo ver el riesgo en el que se encuentra su medio de vida y la huerta de Murcia por diversas amenazas, a las que ahora se suma esta prohibición, interrumpieron de forma sistemática a los ponentes de una jornada informativa que iba destinada a los pedáneos y en la que ellos se convirtieron en los protagonistas.

Poco antes de las siete de la tarde el salón de actos del edificio Moneo del Ayuntamiento estaba lleno hasta la bandera, ya que más de doscientos agricultores acudieron ante el aviso que muchos de ellos recibieron por whatsapp y en los que se les anunciaba una reunión para hablar de las quemas de restos de poda y en los que se les animaba a ir indicando que «hay que conseguir la máxima afluencia de regantes de la Junta de Hacendados y simpatizantes que aporten ideas para salvar tanto al medio ambiente como a los agricultores».

En la mesa el concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro Corchón, intentó mantener el tipo y lidiar con una situación que no se presentaba fácil y que le llevó, ante los continuos gritos y faltas de respeto, a solicitar a uno de los asistentes que saliera de la sala: «si usted no tiene educación salga de la sala inmediatamente», le espetó.

Junto a él estaba el propio presidente de la Junta de Hacendados, Diego Frutos; el presidente de Asaja, Alfonso Gálvez (con quienes el Ayuntamiento ha establecido un acuerdo para triturar rastrojos); el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández; el catedrático de la UMU José María Egea; el ingeniero agrónomo municipal Miguel Álvarez; y el vocal del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Manuel Navarro, quienes apenas tuvieron lugar para intervenir ante las continuas interrupciones.

«Estáis acabando con la huerta de Murcia con tantos planes parciales, carreteras e IBI», decía un agricultor, a lo que otro se unía señalando que «se la están cargando, la huerta de Murcia se ha trasladado al Campo de Cartagena».

El ingeniero agrónomo del Consistorio intentó hacerles entrar en razón y explicó que la normativa que prohíbe la quema de restos agrícolas es regional y depende de la Comunidad Autónoma, ya que el Ayuntamiento sólo es responsable de los residuos domésticos. Y aunque reconoció que se trata de «un problema de importante calado», no evitó llevarse alguna contestación de los asistentes, quienes echaban en cara a los ponentes que «la norma es de la Comunidad, pero quienes nos multa es la Policía Local», a lo que otro agricultor apostilló: «500 euros le han puesto a mi vecino».

Trituradoras insuficientes

Otro de los temas que salió en el debate es el hecho de que las trituradoras que ofrece el Ayuntamiento junto a Asaja son insuficientes para el volumen de restos que hay, ya que en la huerta de Murcia hay 5.000 hectáreas de arbolado y sólo una taúlla de cítricos genera hasta 2.000 kilos de residuos de poda. «No pueden imponer una prohibición sin ofrecer antes soluciones o alternativas», se escuchaba a gritos desde el fondo de la sala, mientras que otro asistente insistía en la posibilidad de la moratoria, algo que también pidió el pedáneo de Alquerías, Francisco José González.

El concejal de Huerta se mostró partidario de analizar esa posibilidad. Otra opción pasaría por la instalación de contenedores selectivos para las podas que posteriormente serían trasladadas a la planta de Cañada Hermosa.