El fiscal ha pedido penas que suman cuatro años y ocho meses de prisión y multa de 100 euros para dos mujeres que van a ser juzgadas este jueves en la Audiencia Provincial de Murcia acusadas de extorsionar a un hombre con el que habían mantenido relaciones sexuales y consumido alcohol y drogas durante dos días y al que exigieron la entrega de 4.750 euros si quería evitar que su familia conociera los hechos.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía señalan que los hechos transcurrieron en un local ubicado en la capital murciana entre la madrugada del dos de julio y el cuatro de julio de 2014, estando acusadas por los mismos Leila C.F. y Silmara L.V.

Señala el fiscal que el denunciante había encontrado los servicios sexuales de la primera en una pensión, y durante el tiempo que pasaban juntos, la segunda presuntamente, les suministraba droga.

En la madrugada del dos de julio, el hombre acudió al pub donde trabajaban ambas, a las que advirtió que esa vez no disponía de mucho dinero, pero aquellas, supuestamente, le "engatusaron" y consiguieron que les mostrara la cartera, con lo que pudieron advertir que llevaba una tarjeta de crédito Visa Oro de su empresa.

En la misma hicieron varios cargos hasta las siete horas, por un total de 1.200 euros, para abonar los favores sexuales y el consumo de alcohol y drogas.

A partir de ese momento, siempre según el relato que establece la fiscalía, y pese a que se había agotado el saldo de la tarjeta, las acusadas, presuntamente, aprovecharon su estado de embriaguez para convencerle de que continuara en el lugar, lo que sucedió hasta las 8:30 horas del cuatro de julio, momento en que les dijo que tenía que irse.

Fue entonces cuando, supuestamente, las acusadas le indicaron que debía entregarles 4.750 euros, "advirtiéndole, además, que sabían dónde vivía, al haber visto su DNI, por lo que él, ante el temor de que fueran a su casa, aceptó ir con ellas a una oficina bancaria, donde extrajo de su cuenta la cantidad de 5.000 euros, de los que entregó a aquellas 4.750 euros".

El fiscal, además de las penas de prisión y multa, pide que ambas sean condenadas a devolver al perjudicado la citada suma.