Las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero en Murcia no están siendo todo lo «limpias» que se esperaban. Así lo cree cerca de medio centenar de aspirantes, quienes han elaborado un extenso informe enumerando hasta trece incidencias que han detectado en este proceso que se inició el pasado mes de diciembre con la realización del examen teórico. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso llegó hace unos días con la realización de la última prueba puntuable en el Pabellón del Espíritu Santo de Espinardo donde, según denuncian, un grupo de aspirantes del segundo, tercer y cuarto turno pudo ver desde las gradas el ejercicio de desmontaje de una pieza que tenían que hacer ellos sólo unos minutos después, lo que les otorgó ventaja sobre el resto. A esto se une que en el segundo llamamiento el tribunal no pidió el DNI a los aspirantes para identificarlos y sólo los nombró por el número de dorsal, tal y como ha indicado el delegado sindical del SIME en los Bomberos, Antonio Valverde.

Ante esta situación una veintena de opositores mantuvo ayer una reunión con el concejal de Modernización, José Guillén, a quien han solicitado que se anulen las dos últimas pruebas al considerar que se han vulnerado el principio de igualdad y se han cometido irregularidades. Desde el SIME también han registrado un escrito pidiendo la paralización de las oposiciones y la repetición de las prueblas de claustrofobia y manejo de herramientas, para lo que ha solicitado una reunión con los miembros del tribunal.

Uno de los aspirantes a bombero explicó ayer a LA OPINIÓN que lleva ocho años estudiando y preparándose para estas oposiciones y «cuando llegas y ves este tipo de irregularidades te da una impotencia tremenda». Por ello, este grupo de opositores, entre los que también hay algunos que pasaron las pruebas mencionadas, dicen estar dispuestos a acudir a los tribunales si es necesario.

Tras el encuentro en la Glorieta, el concejal responable de personal les informó de que según las bases de la convocatoria es el tribunal calificador el responsable de contestar en primera instancia a las reclamaciones, puesto que «actúa de forma transparente y absolutamente independiente en sus decisiones». Y una vez que tenga lugar su pronunciamiento, y si su resolución no satisface las pretensiones de los opositores, estos podrían recurrir en segunda instancia al Ayuntamiento.

Más de 2.200 personas se apuntaron a esta convocatoria cuyas pruebas comenzaron el pasado diciembre y han estado rodeadas de polémica en todas sus fases. Hay que recordar que dos de los candidatos fueron expulsados del proceso por dar positivo en los controles antidopaje que se realizaron de forma aleatoria a seis de los aspirantes.