La legalización de Joven Futura sigue bloqueada con una nueva polémica

La urbanización Joven Futura deberá esperar a ver resuelto el conflicto generado a raíz de la primera sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que ilegaliza el complejo residencial al faltarle, en su día, un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura, que ya ha sido entregado al Ayuntamiento.

La propuesta del concejal de Urbanismo, debatida ayer en la comisión de Urbanismo, sobre la modificación nº 50 del PGOU sobre las viviendas de Joven Futura, consistente en el cambio de clasificación de suelo no urbanizable a urbanizable, no salió finalmente adelante. Dicha reclasificación provocó que la asociación de Vecinos de Senda de Granada denunciara que «el gobierno municipal pretende acabar con miles de metros cuadrados de huerta», ya que las viviendas están construidas sobre un terreno que era huerta protegida.

Aún no se sabe si el asunto será llevado al pleno de la semana que viene, ya que, como indica Antonio Navarro Corchón, concejal de Urbanismo, hasta el jueves seguirán analizando el tema para llegar a un acuerdo. Se trata de un plan parcial que cuenta con dos unidades, la primera que ya está hecha, y una segunda que supondría la construcción de «más viviendas para jóvenes» con la aprobación de la propuesta de el teniente alcalde de Urbanismo, que llama a «seguir trabajando».

Por su parte, los socialistas -que se abstuvieron en la votación, al igual que C's, frente a los votos del PP a favor y los de Cambiemos en contra- pidieron más tiempo. «Queremos dejarlo sobre la mesa para que los servicios técnicos tengan tiempo de estudiarlo. Este asunto es un ejemplo del desastre urbanístico del PP, que ha utilizado la necesidad de vivienda que tienen los jóvenes para urbanizar un terreno que era huerta protegida. Es una chapuza de urbanismo a la carta del Ayuntamiento», asegura Enrique Ayuso.

Desde Cambiemos Murcia también expresaron su negativa a que se siga urbanizando «de forma masiva» en la zona. El concejal Sergio Ramos mostró su apoyo a la legalización de todas las viviendas construidas, aunque ha advertido que esto «no puede utilizarse para aprobar la modificación 50 del Plan General, tal y como estaba antes de que los tribunales la anularan». Dicha modificación fue anulada por el Supremo, argumentando la falta de un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura garantizando que existiera agua suficiente en la zona, sentencia por la que el suelo, que en el momento de la construcción de las viviendas era urbanizable, en este momento no lo es. «Fue un error concentrar tanta densidad y vivienda en una zona tan reducida y que en su momento era huerta, algo que los propios tribunales han reconocido», añadía el edil de Cambiemos, que señaló también la ejecución del 20% de lo previsto, «lo que señala que las expectativas del plan eran desorbitadas».

El PSOE pidió «buscar una fórmula de garantía» a las más de mil familias. «No debemos precipitarnos. Son viviendas totalmente legales, pero sobre un suelo de huerta. Queremos dar a esas familias las mismas condiciones que a cualquier otro ciudadano, y que la solución no nos comprometa con otras edificaciones», explicó Ayuso, mientras que Cambiemos entiende que la solución pasa por una nueva modificación del PGOU que «legalice las viviendas construidas y proteja los espacios de huerta declarados urbanizables en la modificación».