Un juez de Jumilla ve indicios de delito en la muerte de varias aves por electrocución

El juzgado de Instrucción nº 2 de Jumilla ve indicios de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en la muerte de varias aves rapaces, la mayoría protegidas o en peligro de desaparición, a causa presuntamente de unos tendidos eléctricos sin protección propiedad de una comunidad de regantes del citado municipio. En un auto notificado el pasado mes de marzo, el juez Sergio Gonzalo desestima la petición de la entidad señalada, que pedía el sobreseimiento y archivo de la causa, y subraya que los "hechos revisten apariencia delictiva".

El caso fue remitido a los Juzgados de Jumilla tras una denuncia de las organizaciones ANSE y Stipa a la Fiscalía de Medio Ambiente, que apreció un posible delito contra el medio ambiente ante la muerte reiterada de aves en unos tendidos eléctricos que carecían de protección. Así, entre 2020 y 2021 se detectaron los cadáveres de al menos cuatro búhos reales, un ratonero común, dos cernícalos, un águila culebrera y un águila calzada en varios apoyos que suministran energía a la Comunidad de Regantes Cañada de Judío. Los animales se localizaron a los pies de los tendidos o enganchados tanto en el cabezal de la torre como en los postes cruzados del apoyo.

Para el juez, la investigación realizada muestra que "ha quedado indiciariamente acreditados" los hechos denunciados por la Fiscalía. El Ministerio Público señaló que aunque "se haya producido la adaptación de los apoyos y tendidos de la línea eléctrica con posterioridad a los hechos denunciados, no implica la atipicidad o la exención de responsabilidad" de la entidad propietaria. La comunidad de regantes fue advertida para corregir dichos tendidos tras las detección de los primeros cadáveres, pero estas actuaciones no se llegaron a realizar tras el aviso.

Aunque queda por recibir la respuesta de la Dirección General de Energía, el juez toma en consideración la documentación recabada hasta ahora y los testimonios de los agentes medioambientes. "El propio representante legal de la Comunidad de Regantes, en su declaración, vino a reconocer que las adaptaciones en el tramo de la línea eléctrica, requeridas para adaptarla a la legislación sobre protección de la avifauna, no se realizaron en tiempo y forma, ofreciendo una versión de descargo (atribuyendo dicha demora a la pandemia y a la necesidad de abastecimiento de los socios) que no está suficientemente acreditada durante la instrucción de la causa y que en su caso habrá de ser valorada en fase de enjuiciamiento".

El primer caso investigado por la vía penal

Las organizaciones ANSE y Stipa señalan en un comunicado que los hechos denunciados fueron el primer caso de electrocución de aves protegidas por tendidos eléctricos de la Región de Murcia que se investigó por la vía penal. Ambas entidades conservacionistas confían en que este caso "suponga un hito para acabar con la muerte indiscriminada de especies amenazadas". En caso de producirse una condena, "sería la segunda a nivel estatal por hechos similares". Al menos otros dos casos se están investigando en los Tribunales de la Región de Murcia, según la información de la que dispone la Asociación.

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