Urbanismo

Los promotores de un convenio urbanístico de Lorca reclaman la devolución del dinero

El PP asegura que sigue los mismos pasos de uno anterior que obliga al Ayuntamiento a devolver 750.000 euros

La Comisión de Urbanismo se celebraba en el salón del Plenos.

La Comisión de Urbanismo se celebraba en el salón del Plenos. / Pilar Wals

Los promotores de un convenio urbanístico de la pedanía de La Hoya, incluido en el planeamiento municipal, reclaman al Ayuntamiento la devolución del dinero anticipado. Así lo aseguraba este martes el portavoz del Partido Popular, Fulgencio Gil Jódar, que afirmaba que se trata de una reclamación que ha sido emprendida en vía administrativa siguiendo los mismos pasos de la primera sentencia condenatoria por este tipo de convenios que obliga al Consistorio a devolver 750.000 euros. Y añadía que “no se descarta que surjan nuevas denuncias”.

Gil Jódar mostraba su preocupación e insistía en que se elabore un plan para “afrontar este problema, porque desgraciadamente no se descarta que surjan nuevas denuncias contra el Ayuntamiento”. Y argumentaba que vienen exigiendo desde hace meses que se convocara la Comisión de Urbanismo “ante la magnitud del problema económico que se le puede generar a todos los lorquinos tras la primera condena judicial contra el Ayuntamiento por un convenio de planeamiento”.

Daba detalles de una nueva reclamación, aún en vía administrativa, “de un convenio que afecta a la pedanía de La Hoya, siguiendo el camino marcado por la primera sentencia en contra del Ayuntamiento por la que los jueces obligan al Ayuntamiento a devolver 750.000 euros”. Tras la celebración de la Comisión de Urbanismo Gil Jódar apuntaba que las explicaciones “no han aclarado qué ha fallado en la gestión política de estas denuncias para que los jueces cambien de criterio y comiencen a condenar al Ayuntamiento a devolver el dinero de estos convenios de planeamiento, que se suman a los denominados ‘trampa’”.

El concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén, señalaba que la Comisión de Urbanismo se había desarrollado con “total transparencia” por parte del equipo de Gobierno y dando cuenta de todos los aspectos relacionados con los convenios. Destacaba que “la situación por reclamaciones a los acuerdos firmados por el Ayuntamiento en las pasadas corporaciones está debidamente encauzada, atendidas las sentencias que se han producido y que no se atisba ninguna catástrofe económica en un futuro debido a esta situación”.

Ruiz Guillén ofrecía información pormenorizada de la situación de los convenios urbanísticos. Se refería, inicialmente, a uno suscrito en Aguaderas, en unos terrenos calificados como Suze Huerta, y que tras una sentencia el Consistorio deberá devolver los 540.910 euros abonados en su día. El edil indicaba que “ante la supuesta alarma por las repercusiones que pudiera tener esta sentencia en los convenios suscritos por el Ayuntamiento a lo largo del tiempo, se ha informado que existen registrados en el Consistorio 86 convenios urbanísticos”.

Reseñaba que, de ellos, 64 fueron firmados antes de la aprobación del PGOM de 2003 y el Ayuntamiento “cumplió todas sus obligaciones”, por lo que no existe “ninguna trascendencia por este bloque”. De los 17 convenios en Sidu, firmados en 2005, “hay ya sentencias y acuerdos sobre 16 que se están abonando y solo existe uno en Ramonete que no ha emprendido ninguna acción contra el Ayuntamiento”.

Indicaba que existe un grupo de tres convenios para desarrollo del suelo urbanizable no sectorizado donde está “la única reclamación administrativa registrada en la actualidad”. Los otros dos convenios “siguen su trámite con normalidad”. Y hay un grupo de cuatro convenios suscritos en su momento para obtener dotaciones como suelo para colegios, el traslado de la subestación o del matadero, que “no se ven tampoco afectados por la referida sentencia y sobre los que no hay ninguna reclamación en curso”.

Por último, reiteraba que “la situación por reclamaciones a los convenios firmados por el Ayuntamiento en las pasadas corporaciones está debidamente encauzada, atendidas las sentencias que han producido y que no se atisba ninguna catástrofe económica en un futuro inmediato fruto de esta situación”.