07 de junio de 2019
07.06.2019
La Opinión de Murcia
Fortuna

Ecologistas pide una sanción 'ejemplarizante' por la ocupación de una vía pecuaria

La asociación reclama en el juicio una condena penal para el propietario

06.06.2019 | 21:11
García Albertos y Muñoz acudieron ayer al juzgado de Cieza.

Ecologistas en Acción cree que la ocupación de la vía pecuaria Colada del Camino de Alicante, en Fortuna y en las inmediaciones del Espacio Protegido del Ajauque y Rambla Salada, «no debe prescribir», tal y como ha solicitado el empresario F. F. S., quien en 2018, y tras una denuncia de los ecologistas, fue acusado de un presunto delito contra la ordenación del territorio, previsto y penado en el artículo 319.1 y 3 del Código Penal.

El curso de la vía pecuaria se interrumpió por la colocación de un vallado, circunstancia que Ecologistas en Acción denunció ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la dirección general de Medioambiente y el Ayuntamiento de Fortuna. Se inició entonces un procedimiento administrativo que dio lugar a una sanción de 1.228 euros que el afectado abonó, al tiempo que procedió a la retirada de la valla, tal y como le requería el Ayuntamiento de Fortuna.

Sin embargo, el procedimiento penal al que también dio lugar la denuncia continúa en los juzgados. Ayer, la presidenta de Ecologistas en Acción de la Región, Ana García Albertos, acudió a la llamada del Juzgado de Instrucción número 2 de Cieza en calidad de acusación particular. Sin embargo, F. F. S. no se presentó y remitió un escrito en el que aduce que la causa ha podido prescribir. «Estos delitos leves prescriben al año pero todavía no hace un año desde que este señor retiró la valla, y así lo hemos demostrado ante el juez». Y es que los ecologistas quieren que este caso y su correspondiente sanción se consideren «ejemplarizantes y que originen jurisprudencia, ya que es la primera vez que la Fiscalía interviene en un procedimiento de ocupación del dominio público pecuario». El abogado de Ecologistas, José Manuel Muñoz, asegura que «al margen de la sanción administrativa debe haber una sentencia penal por un hecho que atenta contra el patrimonio histórico».

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