El Juzgado de lo Contencioso-Administratrivo nº 5 de Murcia ha anulado la suspensión del sueldo del alcalde de Abarán, José Miguel Manzanares. En el Auto dictado el pasado viernes, en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el alcalde de Abarán, suspendía así los efectos del Acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2018, que revocaba las retribuciones de los miembros de la corporación. Tras la anulación de la suspensión de su sueldo, Manzanares podrá seguir cobrando sus retribuciones, no así los concejales de la oposición, que no podrán cobrar las asistencias a los plenos y comisiones, según su propuesta, para mejorar la situación económica del Ayuntamiento abaranero.

En el Auto se afirma que «en tal sentido, dado que la reducción presupuestaria que va a suponer aquella revocación, no tiene una incidencia significativa y que al propio tiempo esta podría redundar en perjuicio del Ayuntamiento, al conllevar una disminución de la dedicación, unida a la situación de incompatibilidad del propio recurrente para volver a su función y continuar en el ejercicio del cargo, determina que proceda aquella suspensión interesada». El Auto también manifiesta que hay una apariencia de buen derecho en las pretensiones del recurrente, el alcalde de Abarán, dentro del procedimiento judicial que ha emprendido, es decir, que existen indicios de que su petición es correcta.

El Partido Popular aprovechó la ocasión para manifestar su confianza en la administración de Justicia, anunciando que continuará llevando a dicho ámbito las ilegalidades que se hayan producido para quienes utilizan la política para atacar a las personas, en vez de para mejorar la situación del pueblo de Abarán. A finales del pasado mes de noviembre la oposición del consistorio de Abarán revocaba el acuerdo de las asignaciones a la Corporación municipal, lo que se traducía en que el alcalde y la concejala liberada, Alba Gómez, se quedaban sin cobrar a partir de mañana. También se suspendían así todas las asignaciones con asistencia a plenos y comisiones informativas a todos los concejales de la actual corporación. PSOE, IU, Cs y UyD advirtieron entonces del «alto coste» de la corporación y de la escasez de dinero para pagar a los funcionarios.