El Tribunal de Cuentas fiscalizará la política de vivienda del Gobierno y las comunidades para ver si se cumplen las promesas

El Tribunal de Cuentas auditará las políticas públicas en materia de vivienda, una de las grandes preocupaciones de las españolas. En concreto, órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dentro de su programada de fiscalizaciones de 2024, ha incluido cinco auditorías sobre las actuaciones en materia de "planificación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de actuaciones en materia de vivienda de protección pública o de política de acceso a la vivienda", según confirman fuentes del Tribunal a El Periódico de España, y Activos, el vertical económico de Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial que este diario.

Las cinco fiscalizaciones que va a llevar a cabo el Tribunal de Cuentas involucra a prácticamente todos los ámbitos sectoriales: la Administración General del Estado, empresas públicas, ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos.

La primera fiscalización será al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, creado entonces por el Ministerio de Fomento. Este plan dotó 1.443 millones de euros en ayudas para el acceso a la vivienda y la promoción en el ámbito del alquiler, la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana y rural. Está previsto que el Tribunal de Cuentas emita su informe durante 2024. La segunda también involucra a la Administración General del Estado, ya que fiscalizará el diseño y ejecución de la política de acceso a la vivienda de los ejercicios 2022 y 2023, un dictamen que se publicará durante 2025.

En el programa se incluye una auditoría a la actividad de la entidad estatal de suelo Sepes. Esta sociedad pública desarrolla urbanísticamente suelos destinados a actividades industriales, pero también está liderando, en los últimos años, la puesta en marcha de vivienda pública. El Tribunal de Cuentas analizará únicamente su labor en suelos residenciales entre los años 2018 y 2023, un dictamen que hará público el próximo año.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana puntualizan que este tipo de auditorías a la labor de la cartera ahora liderada por Isabel Rodríguez, son "absolutamente habitual en planes que llevan tanta financiación". Por su parte, Sepes

El cuarto y quinto punto del programa de auditorías incluye promoción y gestión de viviendas de protección pública en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales de los ejercicios 2022 y 2023. El informe final también se espera a partir de 2025.

La vivienda, una de las grandes preocupaciones de los españoles

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la preocupación de los españoles por la situación de la vivienda ha ido en aumento, en los últimos años, aunque aún se sitúa muy por debajo de los niveles alcanzados antes de la burbuja inmobiliaria, que estalló entre 2007 y 2008. En 2007, casi uno de cada tres residentes lo situaba como uno de los grandes problemas del país.

En la última encuesta, correspondiente a febrero de este año, el 8% de los ciudadanos la mantiene entre los mayores cuestiones que preocupan. Esta cifra se sitúa casi en máximos de la última década: entre 2013 y 2022, siempre se mantuvo, salvo en meses contados, por debajo del 4%. El récord de los últimos meses lo alcanzó durante 2023, cuando, en algún mes, el 11% de los españoles consideraban la vivienda como uno de los principales problemas del país.