Presupuestos

El Consejo de Ministros vuelve a aprobar los objetivos de déficit tras el veto del Senado

La mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la semana pasada los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas

Los ministros Óscar Puente, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Los ministros Óscar Puente, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros. / David Castro

Rosa María Sánchez

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los objetivos de déficit y deuda después de que el PP los tumbara en el Senado el pasado 7 de febrero. Esta senda constituye el paso previo para la elaboración del ya retrasado proyecto de Presupuestos del Estado para 2024 que pretende sacar adelante el Ejecutivo en los próximos meses. 

La mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la semana pasada los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno, por lo que la senda tenía que volver a ser aprobada por el Consejo de Ministros y pasar nuevamente el trámite parlamentario.

 "Seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan potente positiva de empleo", ha defendido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Procedimiento presupuestario

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, ha de remitir un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.

De no aprobarse los objetivos una segunda vez, según un informe de la Abogacía del Estado del que dice disponer el Ministerio de Hacienda, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos.

El PP ha cargado contra este "informe inexistente" de la Abogacía del Estado mencionado por Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024. Pero fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero sostienen que este informe se conocerá en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos.

Déficit del 3% del PIB en 2024

La senda de objetivos aprobada por el Consejo de Ministros para su nueva remisión al Congreso de los Diputados y al Senado prevé una reducción del déficit público del conjunto de las administraciones públicas desde el 3,9% del PIB con que se prevé cerrar el ejercicio 2023 al 3% del PIB en 2024. En particular, establece que el déficit del Estado se debe mantener en el 2,9% del PIB en 2024. Para las comunidades autónomas, se prevé pasar de un déficit del 0,6% a uno del 0,1% del PIB. Los ayuntamientos deberían aumentar su superávit al 0,2% del PIB y para la Seguridad Social se prevé que el déficit del 0,5% de este año se reduzca al 0,2% del PIB en 2024.

Vinculado a los objetivos de déficit, el Consejo de Ministros ha fijado un límite de gasto no financiero para los Presupuestos del Estado de 2024 de 199.120 millones de euros, una cantidad récord que representa un incremento del 0,5% respecto a la cifra de 2023 (198.221 millones).

Menor margen de gasto

La cuestión es que si la senda de objetivos de déficit y deuda para el periodo 2024-2026 que ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros es tumbada de nuevo y si -según interpreta Hacienda a partir del informe jurídico de la Abogacía del Estado- hay que aplicar la incorporada en el Plan de Estabilidad de abril, las administraciones territoriales tendrán menos margen de gasto.

Ello implicaría que, en lugar de poder cerrar el año 2024 con un déficit del 0,1% del PIB, las autonomías tendrán que cuadrar un equilibrio presupuestario si se imponen los objetivos de abril. Para los ayuntamientos, la diferencia es de dos décimas de PIB. En definitiva, si se aplican los objetivos de abril y no los que ahora rechaza el Senado, las autonomías perderán una mayor capacidad de gasto por unos 1.500 millones de euros y los ayuntamientos, tendrán un menor margen por unos 3.000 millones. El Estado, en cambio, ganaría un mayor margen de gasto por esos algo más de 4.500 millones de euros, que perderían autonomías y ayuntamientos.