Los sindicatos rechazan la oferta mejorada de Telefónica para el ERE y el convenio

Telefónica y sindicatos afrontan los momentos clave de la negociación de las condiciones del recorte de plantilla que prepara el grupo y del nuevo convenio colectivo, y que deberían estar pactados antes de fin de año. Y, de momento, lo hacen con posiciones muy distanciadas entre las partes. Los sindicatos de la compañía siguen rechazando la oferta para los expedientes de regulación de empleo (ERE) en las grandes filiales españolas que la compañía ha ido mejorando en las últimas reuniones y ven insuficiente las propuestas del grupo para nuevo convenio.

La dirección de la operadora ha mejorado ligeramente las condiciones de indemnizaciones de los afectados por los ERE en la reunión de este lunes, pero mantiene el número de afectados en un máximo de 3.959 trabajadores pese a la insistencia de los sindicatos en que se vuelta rebajar (la primera cifra de excedente laboral alcanzaba los 5.124 empleados), según fuentes sindicales.

Telefónica reduce el ERE a 3.959 empleados y recorta las condiciones del anterior plan de bajas

La operadora ha propuesto dividir en tres tramos diferentes las condiciones económicas para los trabajadores afectados por los ERE en función de su edad. La nueva oferta ligeramente mejorada presentada por la compañía pasa por que los nacidos en 1968 (que ahora tienen 55 años) recibirían un 63% del salario regulador hasta que cumplan 63 y sólo un 32% hasta los 65. Los nacidos entre 1967 y 1965 percibirían un 58% del sueldo hasta los 63 y un 32% hasta los 65. Y los nacidos en 1964 o en años anteriores recibirán un 50% del salario regulador y un 32% hasta la jubilación.

En todos los casos la compañía pagaría las cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años y un 50% hasta que el trabajador pueda jubilarse de manera anticipada, así como el 40% del coste de la póliza de salud básico y el seguro de riesgo hasta que cumplan 61 años. Los sindicatos representados en la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) rechazan la oferta y ven difícil un acuerdo por estar muy lejos de las condiciones del último plan de bajas incentivadas ejecutado por la compañía en 2019, cuando la dirección pactó con los sindicatos mantener a los trabajadores adscritos hasta un 68% del sueldo hasta los 65 años y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del seguro médico hasta su jubilación.

Subida salarial del 1% al año

Las posiciones también están muy alejadas en la negociación de un nuevo convenio colectivo para las tres grandes filiales españolas del grupo (Telefónica de España, Telefónica Móvil y Telefónica Soluciones). La compañía ha ofrecido una subida salarial del 1% cada año, eliminar la cláusula de garantía de mantenimiento del poder adquisitivo y también la supresión del plus de convenio octubre. Una oferta insuficiente para los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos condicionan alcanzar un pacto sobre los ERE a sellar también un acuerdo para el nuevo convenio. Los representantes de los trabajadores reclaman que el nuevo convenio colectivo tenga una duración de tres años, de 2024 a 2026, cubriendo el mismo periodo del nuevo plan estratégico presentado por el grupo hace tres semanas. Compañía y sindicatos mantienen abiertas tres meses de negociaciones para pactar las condiciones de los ERE en cada filial afectada, y una cuarta mesa para negociar el nuevo convenio colectivo.

Los planes de Telefónica pasan por aplicar las salidas y otras medidas en tres años, a lo largo de toda la vigencia del nuevo plan estratégico del grupo hasta 2026. La compañía condiciona la posibilidad de que todas las bajas sean voluntarias a que se alcancen las cifras de recorte de empleo necesarias para sus objetivos. Los sindicatos con representación en la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) rechazan que haya baja forzosas en estos procesos.

Telefónica no utilizaba la fórmula de los ERE desde 2011. La compañía había ejecutado desde 2016 tres planes de bajas voluntarias con indemnizaciones y beneficios sociales. Desde entonces la operadora ha recortado unos 11.900 empleos en España a través de tres planes de suspensión individual de la relación laboral (PSI), con un coste para el grupo de unos 6.800 millones de euros por los pagos para facilitar las salidas (manteniendo a los trabajadores adscritos hasta un 68% del sueldo hasta los 65 años y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del seguro médico hasta su jubilación).