Bruselas autoriza el plan de 680 millones de España para financiar el despliegue del 5G en zonas rurales

El futuro de la conectividad europea y la transición digital pasa por el despliegue de nuevas infraestructuras 5G de alto de alto rendimiento. La Comisión Europea es muy consciente de ello y este jueves ha dado luz verde a un régimen español dotado con 680 millones de euros para financiar el acceso a comunicaciones electrónicas fiables y de alta calidad en zonas rurales insuficientemente atendidas con el objetivo de responder a las necesidades en ámbitos como la salud digital, la agricultura inteligente, la industria digitalizada, la conducción autónoma o los servicios basados en la nube. 

El régimen de ayudas forma parte de la estrategia de España para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y las empresas en el contexto de la digitalización del país y se financiará con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia. "Ayudará a los consumidores y las empresas de las zonas rurales a acceder a servicios de tecnología 5G de alta calidad, lo que contribuirá al crecimiento económico de España y a la consecución de los objetivos estratégicos de la UE en relación con la transición digital, protegiendo al mismo tiempo la igualdad de condiciones en el mercado único”, ha explicado en un comunicado la vicepresidenta y responsable de competencia, Margrethe Vestager. 

Concretamente, el plan contempla financiar la instalación de equipos e infraestructuras para el despliegue de redes autónomas 5G y la prestación de servicios autónomos de banda ancha móvil 5G, con velocidades de carga y descarga de al menos 100 Mbps y 5 Mbps, respectivamente. El objetivo son zonas con menos de 10.000 habituales y en las que no están en marcha ni previstas inversiones en redes 4G que ofrezcan velocidades de descarga de al menos 50 Mbps. Las ayudas podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2025 y las redes móviles 5G deberán entrar en funcionamiento como muy tarde en febrero de 2026. 

Procedimiento de selección

El importe máximo de la ayuda por beneficiario equivaldrá al 90% de los costes subvencionables y las ayudas, destinadas a los operadores de comunicaciones electrónicas, se concederán en forma de subvenciones directas y los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección “abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio”, según ha explicado la Comisión Europea que ha calificado de “necesario y proporcionado” el esquema. “El régimen de ayuda es necesario y proporcionado para subsanar una deficiencia del mercado” como es “la ausencia, actual o prevista, de redes de comunicaciones móviles de alto rendimiento en regiones remotas y escasamente pobladas de España”, ha explicado Bruselas que ha verificado la consulta pública de las autoridades españolas y la cartografía.

Bruselas también considera que el régimen tiene un efecto incentivador porque facilitará el despliegue de equipos e infraestructuras que los operadores privados no han desplegado ni van a desplegar, principalmente por su elevado coste y porque no se compensa con los ingresos previstos. También ha resaltado las salvaguardias previstas para limitar el falseamiento indebido de la competencia y que las ayudas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común.