Desahucios

Cataluña se hará cargo del pago de alquiler para evitar desahucios

La Generalitat ofrecerá a propietarios vulnerables un contrato de cinco o siete años y en los casos de impago se hará cargo de la deuda de los últimos seis meses

EFE

La Generalitat catalana pagará el alquiler de aquellas personas que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad y estén a punto de ser desahuciadas, ofreciendo a los propietarios un contrato de alquiler de cinco o siete años, y en los casos de impago se hará cargo de la deuda de los últimos seis meses.

Se trata, según ha anunciado la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, de una ampliación del plan Reallotgem, que contará con un presupuesto inicial de 20 millones de euros para abordar la situación entre los meses de septiembre y diciembre.

Las primeras personas que se verán beneficiadas por esta medida son las 185 familias que tienen programado su desahucio entre el día 1 de septiembre y 15 de octubre y cuyo caso lleva la Mesa de Emergencia de Cataluña.

La consellera ha recalcado que, mediante este plan, lo que se busca es actuar de forma preventiva para paralizar los desahucios en lugar de realojar a las personas afectadas una vez se produzcan los mismos.

"Queremos evitar que estas personas sientan la angustia de que pueden perder su vivienda inmediatamente", ha explicado Cervera.

La Generalitat se hará cargo de pagar la diferencia entre lo que la Mesa de Emergencia marca que pueden pagar las personas vulnerables, que son de media unos 70 euros, y el índice de referencia del precio del alquiler.

La administración también pagará durante los meses que transcurran mientras se tramita en la Mesa de Emergencia la resolución de estas personas en proceso de desahucio, que Cervera ha estimado en dos o tres meses.

La medida anunciada este miércoles no afecta a los grandes propietarios, que ya están obligados a ofertar un alquiler social antes de que se inicie el proceso de desahucio según la Ley 24/2015.

La Mesa de Emergencia de la Generalitat de Cataluña acumula 900 casos de familias desahuciadas que aún no han podido acceder a una vivienda, 600 en el caso de la mesa del Ayuntamiento de Barcelona.