En una reunión con diplomáticos acreditados en Quito, el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, señaló que hoy mantuvo un encuentro con representantes de la hispano argentina Repsol-YPF y que tenía previsto reunirse con directivos de cinco petroleras que han accedido a estudiar una renegociación de sus contratos.

Chiriboga repitió los argumentos del gobierno de que el decreto del pasado 4 de octubre fue un cambio "reglamentario", del 50 por ciento aprobado el año pasado, al 99 por ciento en la parte del beneficio extraordinario para el Estado, sin afectar los contratos originales.

Recordó que la legislación aprobada el año pasado, que repartía los beneficios extraordinarios al 50 por ciento entre el Estado y las petroleras privadas, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que la ratificó.

El procurador del Estado, Xavier Garaicoa, presente en el encuentro, ratificó los argumentos jurídicos de Chiriboga y recordó que la Constitución ecuatoriana señala que los recursos del subsuelo del país son bienes inalienables del Estado y no expropiables, por lo que no se pudo producir una confiscación.

Tanto Chiriboga como Garaicoa criticaron, sin citarlo por su nombre, al ex ministro de Energía Fernando Santos, presentado como asesor de empresas petroleras, que no lo reconocen como tal, y que declaró que la medida de quedarse con el 99 por ciento de los beneficios extraordinarios era "confiscatoria".

Garaicoa recordó que hay empresas petroleras que no han abonado, total o parcialmente al Estado, el 50 por ciento de los beneficios extraordinarios desde abril de 2006, e hizo especial referencia a City Oriente, de la que dijo que se ha negado a pagar, por lo que ha pedido que se inicien acciones legales contra ella.

Por su parte, Chiriboga indicó que Repsol-YPF, que ayer fue citada en un comunicado de la Presidencia del país como una de las morosas en el pago del 50 por ciento del beneficio extraordinario desde el año pasado, está al día en sus pagos y pidió disculpas por el error.

También indicó que el gobierno está abierto a mantener el actual contrato de participación con las empresas concesionarias, a admitir propuestas nuevas de esas compañías o a cambiar los actuales contratos de participación por otros de servicios.

Sin embargo, apostilló que la postura del gobierno de quedarse con el 99 por ciento del beneficio extraordinario "no va a variar", pues "estamos conversando es de modificaciones en los contratos y esto no modifica los contratos, pues no estaba pactado en los contratos".

En la reunión de hoy, representantes del Ministerio de Minas y Petróleos tenían previsto encontrarse con delegados de las empresas Repsol-YPF, Petrobras, Perenco, Andes Petroleum y City Oriente, para conocer las posturas de las matrices de estas compañías sobre las disposiciones del gobierno y posibles modificaciones de contratos.

Una fuente de la industria petrolera dijo a Efe que el aumento de costos desde que se firmaron los contratos con el Estado ecuatoriano ha sido muy fuerte, pues "la inflación petrolera ha sido mucho mayor de la media".

Agregó que la medida de quedarse con el 99 por ciento de los beneficios extraordinarios puede afectar las inversiones.

En cualquier caso, la fuente indicó que ve una actitud "positiva de apertura al diálogo" por parte del gobierno y que las petroleras quieren seguir conversando, "de buena fe y con serenidad", para llegar a acuerdos "en condiciones aceptables".