De lo malo, lo mejor. El futuro del Trasvase Tajo-Segura ha esquivado un recorte importante de agua transportada que hubiera puesto en duda la viabilidad de esta gran infraestructura. El próximo 29 de noviembre el Consejo Nacional del Agua convalidará las planificaciones hidrológicas de la gran mayoría de cuencas españolas para, más tarde, que haga lo propio el Consejo de Ministros.
Si nada cambia, el acuerdo alcanzado entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Gobierno valenciano y los socialistas murcianos se reflejará sobre el papel. Los caudales del Alto Tajo comenzarán el año próximo con 7 metros cúbicos por segundo, uno más que ahora, y estarán así hasta finales de 2025. Tres años que supondrán una pérdida de 94,5 hectómetros cúbicos (a razón de 31,5 hm3 anuales) por el acueducto.
Más allá, a partir del 1 de enero de 2026, el plan escalonado hasta alcanzar la cifra de 8,6 m3/s en 2027 se paralizaría si los objetivos ambientales se han cumplido entonces en este tramo del río, algo de lo que se tendrá que dar parte en un programa de vigilancia que impulsará el Ministerio. Con estas nuevas condiciones del Trasvase se cierran unos duros meses de negociaciones donde las tensiones políticas se habían disparado entre el Levante y Castilla-La Mancha.
El organismo de cuenca refleja, pese a todo, un impacto negativo que podrá ser sustituido por el agua desalada
La gran novedad es que los caudales ecológicos para los tramos del embalse de Bolarque (Cuenca), Aranjuez y Talavera de la Reina es que dejarán de ser inamovibles para poder ser revisados en el horizonte de 2026 si la contaminación del Tajo disminuye y si la cuenca del Segura supera los controles que se harán a las zonas regables y otras contaminadas por la influencia de la agricultura impulsada por el agua del Tajo, como el entorno del Mar Menor.
La Confederación Hidrográfica del Segura ha trabajado para la planificación de los recursos disponibles durante los próximos cinco años en la cuenca levantina con dos escenarios: uno, en el que se aplicaban los caudales máximos en 2027, que hubiera supuesto una merma de 105 hm3 al año por el acueducto (algo «desproporcionado» para la CHS), y otro en el que se mantenía un caudal ecológico en Aranjuez de 7 m3/s.
El PSOE asegura que "se garantizan" los cultivos
El jefe del Gobierno valenciano, Ximo Puig, destacó ayer que, «gracias a la colaboración y el diálogo entre los regantes, la Comunidad Valenciana y el Gobierno central», han conseguido «un acuerdo que sienta las bases del futuro» del Trasvase Tajo-Segura. «Se garantizan los cultivos, un aspecto clave de la economía y de la vida de las personas». El delegado del Gobierno y líder de los socialistas en Murcia, José Vélez, señala por su parte que «antes los regantes no tenían nada más que trasvase y pancarta; ahora tienen trasvase y agua desalada, y cada vez va a ser a mejor precio y va a haber más».
Con este último, el organismo de cuenca también reflejó en su Plan del Segura qué impactos socioeconómicos habría con la menor aportación de agua. Aun siendo el escenario más amable con Murcia, Alicante y Almería, sigue teniendo sus efectos negativos. De las 85.000 hectáreas que abarcan las zonas regables por el Trasvase, se perderían por la menor llegada del agua unas 2.127 hectáreas, 8.350 menos que con el escenario más duro en los caudales del Tajo.
«En una primera estimación, se fija en 94 hm3/año para abastecimiento y 173 hm3/año para regadío el volumen trasvasable en destino teniendo en cuenta las hipótesis descritas», señala la Confederación en su planificación hidrológica. En cuanto al valor de la producción que se dejaría atrás por la reducción del agua del Tajo, esta se quedaría en 21,2 millones de euros, rescatando 95 millones de las previsiones más negras para el regadío murciano. Las pérdidas de empleo, que la CHS cifró en 6.000 puestos en el sector primario si llegábamos a los caudales máximos, afectarían a 734 trabajadores.
Estas cantidades seguirían siendo para la Confederación un «impacto moderado» pero que, sin embargo, no tendría la categoría de «coste desproporcionado». La cuestión está en que el organismo de cuenca cuenta para salvar con estos datos socioeconómicos negativos con el aumento de la producción del agua desalada en el Levante. Este plan pasaría por ampliar la capacidad de desalación de las plantas de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco, más cerrar la conexión interna con los nuevos canales que distribuirían mejor estos recursos entre todas las comunidades de regantes que emplean agua del Tajo.
El Ministerio aprueba por tercera vez un 'trasvase cero' para el regadío del Segura
Programa de vigilancia
Todo estará condicionado por unas metas ambientales que, en parte dependerán del Segura, en parte del Tajo, y otra parte de Madrid. La documentación que se ha facilitado a los integrantes del Consejo Nacional del Agua habla de impulsar un ‘Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura’. El acuerdo alcanzado incluye un seguimiento a las masas de agua del Tajo y sus caudales, entre el embalse de Bolarque (Cuenca) y Valdecañas (Extremadura), para comprobar dentro de tres años si están en buen estado.
El programa incluirá además una vigilancia sobre el agua que se deriva por el acueducto hacia el Segura o qué uso se le dan a estos recursos -que estarán controlados por los programas de inspección del Segura-. La depuración del agua de la Comunidad de Madrid será otro condicionante, así como la ampliación de las desaladoras del Levante, la instalación de placas fotovoltaicas en estas plantas y las conexiones entre ellas, que deberán estar acabadas antes de acabar 2025.
El resultado final será llevado al Consejo Nacional del Agua, que tendrá que validar la decisión final que se tome, aunque esta finalmente dependerá del Gobierno central.
La CHS no autorizará más extracciones de agua en los acuíferos explotados
La Confederación Hidrográfica del Segura ha negado otorgar nuevas concesiones o autorizaciones que impliquen la asignación de nuevos volúmenes de aguas subterráneas a aquellas zonas declaradas formalmente en riesgo de no alcanzar un buen estado en la cuenca hidrológica, informa la CHS. Se trata de los acuíferos de Tobarra-Tedera-Pinilla, Pino, El Molar, Jumilla-Yecla, Ascoy-Sopalmo, Serral-Salinas, Quibas, Terciario de Torrevieja, Santa-Yéchar, Aledo, Bajo Guadalentín, Cresta del Gallo, Cabo Roig, Triásico de las Victorias, Triásico de Carrascoy, Alto Guadalentín, Mazarrón y Águilas, así como los de Bullas, Conejeros-Albatana, Ontur, Cingla y Sierra Espuña. Tampoco se permiten modificaciones de características de los aprovechamientos inscritos en el Registro de Aguas que impliquen un aumento de su demanda real. Además, el organismo de cuenca revisará el volumen máximo concedido de aquellos aprovechamientos en los que se detecte una variación en los tipos de cultivos implantados por otros de mayor dotación hídrica para asegurar la atención de la explotación con la menor dotación posible. A estas medidas cautelares, la CHS ha establecido algunas excepciones, principalmente para atender las demandas existentes de abastecimiento de población y las destinadas a regularizar los usos consolidados en el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura. Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Segura también podrá autorizar la modificación de características de los aprovechamientos inscritos en el Registro de Aguas, sólo en aquellas que tengan como finalidad su mantenimiento y conservación, mediante profundización, sustitución o incremento del número de sus captaciones, o de la potencia de los grupos de elevación en ellas instalados. Todo ello ha sido publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se incluyen las citadas medidas cautelares adoptadas en la Junta de Gobierno de la CHS. Un reciente informe de Greenpeace -SOS Acuíferos- advierte de que en la cuenca del Segura un 60% de las masas presenta mal estado cuantitativo -escasez- debido a extracciones masivas para obtener agua para riego, mientras que un 30% está en mal estado cualitativo -contaminación- por la filtración de abonos nitrogenados y otros compuestos químicos como fitosanitarios y plaguicidas.