La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha firmado este miércoles con CCOO y UGT el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que permitirá aplicar la subida salarial del 7,5% entre 2022 y 2024 a los 90.000 funcionarios de la Región.
El acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre también establece un incremento salarial del 1,5% para este año, que se sumará al 2% recogido en los Presupuestos Generales del Estado para este año. Si se añade el porcentaje de subida aplicado desde el pasado mes de enero el aumento alcanza el 9,5%.
El Consejo de Ministros aprobó este martes esa subida retroactiva del 1,5%, que se abonará como una paga adicional en noviembre. No obstante, las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán una moratoria hasta diciembre y, excepcionalmente, hasta marzo de 2023 para abonar los atrasos.
El coordinador del Área Pública de CC OO en la Región, Miguel Ángel López Lozano, anunció que este miércoles la firma del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos, que establece la subida del 7,5% en tres años, además de otras medidas, como la jornada de 35 horas semanales. Destaca igualmente la desaparición de los recortes aplicados desde 2012 y la recuperación de la jubilación parcial.
"Por primera vez se revisan al alza los salarios previstos en unos PGE, sumándose un 1,5% adicional al 2% inicialmente presupuestado en 2022, con retroactividad desde el 1 de enero y cobrándose en una sola paga antes de final de año", afirma López Lozano en un comunicado.
Añade que "el Área Pública de CC OO en la Región de Murcia valora de forma positiva este acuerdo y trabajará por su cumplimiento íntegro. Es de recalcar el gran trabajo de los sindicatos que han conseguido, por primera vez en la historia, la modificación de los presupuestos Generales del Estado del año en curso a fin de implantar la subida del 1,5 % adicional para 2022".
Agradecimiento de la ministra
María Jesús Montero ha agradecido a los sindicatos su "capacidad de acuerdo y de diálogo para permitir mayor bienestar y mayor progreso", y ha recalcado la importancia de este acuerdo que "viene a reconocer el trabajo de miles y miles de empleados públicos".
"Conlleva un incremento retributivo, implica un aumento de sus salarios, con una parte fija y una variable vinculada al crecimiento económico y la inflación", ha detallado la ministra, que ha asegurado también que el objetivo era "que no se perdiera poder adquisitivo por parte de los empleados públicos".
Montero ha comentado que se trata de un acuerdo plurianual que demuestra el compromiso del Gobierno con una Administración Pública del siglo XXI, por lo que también incluye cuestiones como el teletrabajo, aunque al mismo tiempo intensifica la presencia de la Administración. La titular de Hacienda ha añadido que el acuerdo "quiere ser una aportación al pacto de rentas".
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz Beltrán, ha destacado que el acuerdo "recupera el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas" y ha valorado que se haya podido alcanzar ante "un contexto muy difícil".
"Este acuerdo viene a aliviar esta situación. También marca una senda ante unas patronales cerradas al diálogo que pretenden, una vez más, que la salida de la crisis pivote sobre los salarios de los trabajadores sin tocar los beneficios", ha declarado tras la firma.
De su lado, el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, ha coincidido en que el acuerdo servirá para "amortizar de manera sensible los efectos negativos de la inflación".
"En materia normativa, cumple con la preocupación y los anhelos de la mayoría de los casi tres millones de empleados y empleadas públicas de nuestro país", ha agregado.
Además, Lacuerda ha agradecido al Gobierno que, en un contexto de crisis, opte por revisar al alza los salarios de los empleados públicos en lugar de recortar.
Las nóminas de los empleados públicos se elevarán en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicará si el IPC armonizo de 2022 y 2023 supera el 6% y se cobraría en febrero, con carácter retroactivo y consolidable. La segunda variable de 0,5% para 2023 operaría si el PIB nominal en 2023 supera el previsto por el Gobierno.
Para 2024, los sueldos de los funcionarios tendrán un alza del 2%, con una variable del 0,5% si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. De nuevo, se cobraría con carácter retroactivo y consolidable.
Al margen de las mejoras salariales, los sindicatos y el Gobierno también han incluido en el texto del acuerdo cambios en las condiciones laborales de los empleados públicos.
También se considera culminada la disposición tercera del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), con la plena aplicación de la clasificación de personal al servicio de las Administraciones Públicas del artículo 76 del Trebep. El acuerdo establece la creación de un grupo de trabajo de la Administración y de los sindicatos firmantes para que a lo largo de 2023 se implante la citada clasificación profesional.
