Pedro Antonio Sánchez: "Confío en los técnicos y firmo sin reparo y sin ningún tipo de objeción"

Celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia bajo la presidencia del magistrado Juan del Olmo, Sánchez aseguró que «nunca hubo un encargo. Nunca hubo un contrato. Nunca hubo un pago». De esta manera, negó reiteradamente que llegara a ningún tipo de acuerdo con el arquitecto Martín Lejarraga, también imputado, para construir un auditorio en Puerto Lumbreras cuando él era alcalde del municipio. 

Durante el interrogatorio del Ministerio Público, recordó que conoció a Lejarraga en un evento cultural en Puerto Lumbreras. El arquitecto dijo a Sánchez que había que «apostar por hacer crecer la infraestructura cultural», ofreciéndose, incluso, a «dar ideas».

No volvieron a tener relación, dice, hasta meses después, cuando el concejal de Obras de entonces le comunicó al exregidor que se estaban proponiendo «ideas» para el auditorio, según la versión de Sánchez. 

"Nunca hubo un encargo. Nunca hubo un contrato. Nunca hubo un pago"

El fiscal, Juan Pablo Lozano, acusa al exdirigente del PP de haber hecho en 2005 un encargo «ilícito», otorgado a dedo, al arquitecto, quien a su vez aceptó «a sabiendas de la falta de expediente alguno de contratación». En primer lugar, Pedro Antonio Sánchez explicó que la subvención no se adjudicaba por concurso, sino por un acuerdo entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. No obstante, aseguró que el documento que le llegó a la Dirección General de Cultura de la administración regional no era un proyecto oficial del Consistorio, sino una «iniciativa profesional» de Lejarraga. «El Ayuntamiento no tenía partidas presupuestarias para el auditorio ese año, no había subvención concedida ni recursos propios», alegó. «No me consta que nadie del equipo de Gobierno hiciera ningún encargo a Lejarraga», insistió. «Ese documento surge a iniciativa individual suya».

El fiscal le preguntó por qué, si el documento para recibir la subvención no era oficial, tenía escrita la palabra ‘Anteproyecto’ en el nombre. Y, siendo así, por qué iba firmado por el propio alcalde de Puerto Lumbreras. 

Pedro Antonio Sánchez afirmó entonces que, como «todos los alcaldes», él no se lee las instancias que debe firmar porque su papel se limita a «dar trámite» y «remitir» certificaciones oficiales. Trasladó a los técnicos municipales la responsabilidad al afirmar que firma «sin reparo y sin ningún tipo de objeción» los informes que le pasan los profesionales en los que confía. «Yo no he visto una comunicación interior en 10 años de alcalde; en los ayuntamientos pequeños, las cosas van de una mesa a otra», según Sánchez, quien imagina que ese documento sería preparado por Obras. «Pasaría por la concejalía oportuna, no leí ni ese ni ningún otro similar. Solo di traslado a un trabajo», sentenció. 

"Estoy recibiendo un máster en certificaciones"

Ante la insistencia del fiscal por las firmas de Pedro Antonio Sánchez en los documentos, este reaccionó con sorna afirmando estar «recibiendo un máster en certificaciones». Incluso, el exalcalde dijo haberse enterado de lo que es una certificación en este proceso judicial.

La ubicación

El fiscal también esgrimió el anuario del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras del año 2006, en el que aparece Sánchez en una reunión con el arquitecto Lejarraga presentando el proyecto al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, con una recreación en la rambla de Nogalte, un lugar en donde no está permitido construir. 

Sánchez es acusado de haber solicitado al arquitecto trabajos sobre una parcela de la que sabía que no tenía la disponibilidad. 

«Nosotros nunca hemos negado que el arquitecto nos daba ideas», defendió Sánchez. «Pero la Comunidad nunca tuvo un documento que acreditara que la construcción se iba a hacer ahí», añadió. «Cuando nos conceden la subvención, es cuando el Ayuntamiento inicia el procedimiento de contratación y de encontrar el terreno porque, hasta ese momento, formaba parte del mundo de las ideas», zanjó.

Negó que se quisiera levantar el edificio en la rambla de Nogalte, a pesar de una recreación de esta ubicación en un anuario de 2006

De hecho, Sánchez apunta a las «sucesivas peticiones» de ampliación del plazo para recibir la subvención de la Comunidad para que pudieran seguir trabajando en la búsqueda de una ubicación para el proyecto. 

La rambla de Nogalte nunca fue una opción, defendió, porque no se puede construir desde que en 1973 una riada provocara la muerte «de casi cien personas». 

Más adelante, la Fundación Josefina Alcaraz, que iba a construir una residencia en Puerto Lumbreras, decidió renunciar al terreno cedido «por temas presupuestarios», volviendo este a manos municipales y siendo finalmente utilizado para levantar el auditorio. 

La parcela donde se construiría el auditorio no apareció en ningún documento oficial hasta que se publicó el pliego de las bases del concurso. 

Al ser preguntado por el plazo de 15 días para la presentación de candidaturas al concurso a pesar de que el plazo ordinario eran 52 días, Sánchez afirmó que él no decidió el proceso, sino que lo hicieron en la Concejalía de Obras.

También defendió que se cumplieron las normas de anonimato en la presentación de las ofertas y afirmó que, tras ganar el concurso, el arquitecto no le presentó el proyecto. «En mi mesa no está el registro y eso no depende de mí ni de ningún alcalde», advirtió.

Finalmente, Sánchez aseguró que la obra «no está inacabada» sino que está «acabada según el modificado», de forma que «lo que está hecho corresponde de forma fidedigna a lo aprobado, que es dado por bueno por quien otorga la subvención».

Respecto a si era consciente de que la construcción estaba paralizada, afirmó que él no iba cada mañana a la obra. No obstante, valoró que el hecho de que existieran discrepancias entre el director de obra y los técnicos municipales es porque la fiscalización «estaba funcionando». 

Este juicio continuará el 3 de octubre con la declaración de los otros tres acusados.