El Juzgado de lo Social número 4 de Murcia ha celebrado este miércoles la vista oral contra la compañía Glovo por emplear a cerca de 300 repartidores de Murcia y Cartagena como falsos autónomos y no como asalariados en el verano de 2019. La Tesorería de la Seguridad Social reclama a la compañía dedicada a la distribución de comida a domicilio 300.000 euros por las cotizaciones atrasadas de los 292 ‘riders’ que aparecían incluidos en una denuncia presentada por Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo. La empresa, que ya ha sido juzgada por el mismo motivo en otras comunidades autónomas, aduce siempre ante los tribunales que no tiene relación laboral con los repartidores.
A la vista fueron convocados los 292 trabajadores que se sumaron a la denuncia del sindicato, aunque apenas se presentó medio centenar. Algunos de ellos acudieron acompañados por sus propios abogados.
Debido al elevado número de personas que debía comparecer en esta causa, la vista fue convocada en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, según consta en la citación que recibieron los ‘raiders’.
El Juzgado de lo Social número 4 ha citado al juicio a los casi 300 ‘riders’ incluidos en una demanda de CCOO
La aspiración de los repartidores que trabajaron para Glovo entre julio y septiembre de 2019 es conseguir una sentencia favorable que les permita recuperar también el dinero que pagaron a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia durante el tiempo que estuvieron entregando los pedidos a los clientes de la multinacional.
El multitudinario juicio estaba previsto inicialmente para el pasado 20 de abril, pero fue aplazado hasta este martes.
Según informaron fuentes de los trabajadores convocados, la letrada de la Tesorería de la Seguridad Social pidió a la Sala que aplique las sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón a los trabajadores y reconocen la relación laboral que, de acuerdo con los fallos emitidos, existe entre las plataformas de este sector y los repartidores, que están siendo considerados como falsos autónomos.
A la petición se sumaron los letrados de los trabajadores que han comparecido individualmente en la causa.
Aspiran a conseguir la devolución de las cuotas que pagaron como trabajadores por cuenta propia
También la Inspección de Trabajo de Murcia consideró que los 292 riders de Murcia y de Cartagena incluidos en la demanda debían estar contratados como asalariados por Glovo, en lugar de pagar como si fuesen trabajadores por cuenta propia. A juicio de la Inspección se trataba por tanto de trabajadores por cuenta ajena contratados como falsos autónomos.
Por este motivo levantó 292 actas de infracción, además de reclamar a la empresa el pago de 300.000 euros por las cuotas atrasadas no abonadas. En su resolución, este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo señaló que había detectado «un incorrecto encuadramiento» en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de casi 300 repartidores de Glovo, aunque en la notificación especifica comparecieron 178.
En aquella resolución, que fue sido recurrida judicialmente al igual que las denuncias similares que se han producido en otras comunidades, se indicaba que en la prestación de servicios de estos empleados concurren los presupuestos constitutivos del contrato de trabajo como «dependencia y ajenidad».
Ley ‘Riders’
Tras las sentencias del Tribunal Supremo que sistemáticamente han dado la razón a los trabajadores de las plataformas de reparto que operan España, el Gobierno ha aprobado una ley que obliga a las compañías a hacer de plantilla a los repartidores.
Entró en vigor en agosto de 2021, pero estas plataformas han tratado de buscar todo tipo de triquiñuelas para eludir la imposición de la norma que les obligaba a dar de alta como asalariados a sus repartidores.
En la Región se calculaba entonces que había un millar de trabajadores dedicados a la entrega de comida a domicilio. De hecho, buena parte del aumento de la afiliación al Régimen Especial de Autónomos que se ha venido produciendo en los últimos años se ha atribuido a la proliferación de los empleados de este tipo de plataformas. Además de pagar su propia Seguridad Social y la mochila de reparto utilizada, los repartidores están obligados a aportar su vehículo.
