El pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha autorizado la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley de Costas estatal para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.
Pese a ser tildado de "chapuza" por PSOE y Podemos, el texto presentado por el PP ha salido adelante con la abstención de la oposición, que ha optado por darle trámite parlamentario para tratar de solventar las carencias del texto del grupo que la propone y dar una respuesta "real" a las demandas de los afectados, con lo que se abre el plazo para las audiencias legislativas.
El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha hecho un "llamamiento a la utilidad de la política", y ha comenzado su intervención desprendiéndose de "colores políticos" para defender que las viviendas afectadas -cerca de 400 en Cabo de Palos y Los Nietos (Cartagena), playa de Nares (Mazarrón) y Puntas de Calnegre (Lorca)- sean excluidas de la aplicación de la ley "y se paralice cualquier orden de demolición hasta que se resuelvan los expedientes".
"Es puro sentido común y un llamamiento a la sensatez", ha recalcado quien ha recordado que se trata de núcleos anteriores a la Ley de Costas, en algunos casos con viviendas centenarias.
"Iniciamos un camino, generamos una esperanza y creo que todos tenemos que poner por delante el interés general", ha recalcado quien ha mostrado la disposición del PP a mejorar el texto en el trámite de enmiendas: "Quiero que cuando terminemos salga sin el logotipo del PP y con el consenso de todos los grupos".
Carmina Fernández (PSOE) ha llamado la atención sobre el hecho de que la proposición de ley sea "casi igual" a una presentada en el Senado y que fue rechazada y ha acusado al PP de "oportunista", ya que la Ley de Costas es de 1988, ha sufrido 7 modificaciones, cuatro de ellas cuando gobernaba el PP, la última en 2013, con Mariano Rajoy como presidente.
"¿Por qué no se incluyeron entonces y se lo pidieron al Gobierno de Rajoy?", se ha preguntado quien ha recordado que las últimas demoliciones en Los Nietos las ordenó precisamente el senador del PP que se está reuniendo con los afectados, Francisco Bernabé, en su época de delegado del Gobierno central en la comunidad murciana.
Ha dicho que el texto "no sirve para resolver el problema, el PP lo sabe y tenía que habérselo dicho a los vecinos, porque hay sentencia del Tribunal Constirucional al respecto".
Ha apuntado que los servicios jurídicos de la Cámara han avisado de que "la ley no puede dar marcha atrás a una sentencia".
La portavoz de Podemos, María Marín, ha apuntado que la ley de Rajoy de 2013 reconocía la exclusión de doce núcleos de población, ninguno de la Región de Murcia, porque no hizo nada el Gobierno autonómico entonces.
"Los vecinos afectados se merecen algo mejor que esta chapuza cobarde", ha apostillado Marín, para quien el PP "pide ahora al Gobierno de España lo que no tuvo el valor de hacer cuando gobernaba" y utiliza "la legítima indignación de los vecinos para amnistiar otros proyectos especulativos aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid".
La diputada de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, se ha referido a los problemas existentes con los deslindes y ha destacado "la lucha de estas familias en situación de total indefensión, que van a perder su patrimonio".
Pese a tener claro que es "un paripé" del PP, ha anunciado su voto a favor y hecho un llamamiento "a la concordia política y a dejar de lado el postureo".
El portavoz de los expulsados de Vox, Juan José Liarte, ha explicado que una "expropiación abusiva" también lo es cuando los propietarios de viviendas en la costa se han quedado fuera de ordenación.
"El derecho a la propiedad privada está en la Constitución, pero también el de la vivienda", ha indicado Liarte, quien ha justificado su apoyo para evitar que la administración sea una "madre que acaba convirtiéndose en madrastra".
El portavoz de los expulsados de Cs, Francisco Álvarez, ha afirmado que "el paradigma de la injusticia es parecer justo sin serlo" y ha reflexionado sobre "replantearse el principio de irretroactividad de las leyes".
"Cerca de 400 familias están afectadas por una Ley de Costas que tiene 34 años y ven atónitas cómo van a despojarles de sus viviendas, anteriores a ella", ha criticado.
