La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, ha sido secundada este miércoles en la Región por un 78,33 por ciento, según los convocantes, que informan que se han paralizado en la jurisdicción civil todos los juicios que estaba señalados para el día de hoy. No han podido celebrarse todos los actos que requerían la presencia de estos letrados, como las ratificaciones de divorcio de mutuo acuerdo, las conciliaciones, las subastas judiciales, o todos aquellos juicios que no eran esenciales. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) informó esta semana que el parón los letrados, los directores de los juzgados, oficinas judiciales y tribunales continuará mañana, y el 5,6 y 7 de abril.
El 26 de enero de 2022 los letrados de la Administración de Justicia, (funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico) fueron a la huelga para trasladar dos demandas fundamentales: primero, una negociación colectiva propia a través de cual se pueden acordar, junto con las principales asociaciones profesionales, sus condiciones laborales, “y no con sindicatos generalistas que negocian en nuestro nombre pero contra nuestros intereses”, ha señalado hoy María del Mar Garcerán, delegado territorial de UPSJ y letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia n.º8 de Murcia, que revela que “no hay ningún letrado judicial que pertenezca a esos sindicatos”.
La segunda demanda está vinculada a la asunción de nuevas competencias, un proceso que se está dando desde el año 2010, “ese enorme incremento de competencias no vino acompañado, en su momento, con su correspondiente adecuación salarial, “porque la situación del país no era la adecuada dijeron, y nosotros respondimos que no pasaba nada, que esperaríamos, pero 12 años después seguimos en la misma situación”, asegura Garcerán.
La portavoz de las reivindicaciones de este gremio en la Región considera que la Justicia que existe en España y en la Región de Murcia es “low cost”.
Entre las competencias que los letrados han ido asumiendo y que antes estaban en manos de los jueces, se encuentran la admisión de la demanda, la jurisdicción voluntaria, la ejecución de las sentencias o las subastas. En definitiva, en el ámbito de la jurisdicción civil, “el impulso del procedimiento está en manos de la Administración de Justicia, y además, hay determinados procedimientos como el monitorio y el juicio verbal de desahucio que termina con una resolución del letrado, siempre que no haya oposición”.
Para los letrados, la gota que colmó el vaso se produjo con la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. En la disposición 157 se le indica al Gobierno de España que debe adecuar el salario del Cuerpo de letrados. “Y el Ministerio de Justicia no ha atendido esa orden parlamentaria… la ministra Pilar Llop nos ha abocado a la huelga, porque desde el 26 de enero ha tenido tiempo para negociar con nosotros, pero no nos ha llamado, no ha reunido al Comité de Huelga, le da igual que se pare la justicia, le da igual el ciudadano, le dan igual los profesionales, los abogados, los procuradores…”. Y advierte: La Justicia, sin la fe pública del letrado, no puede continuar.
