Poco antes de que acabara la IX legislatura, los cuatro portavoces de las formaciones políticas con representación en la Asamblea, Víctor Martínez, del Partido Popular; Joaquín López, del PSOE; Miguel Sánchez, de Ciudadanos; y Óscar Urralburu, de Podemos, lograban alcanzar un acuerdo histórico: la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Además, lo hacían a sabiendas de que en el próximo ciclo un pacto así sería imposible. Vox asomaba la patita.
Pero no iba a ser Abascal el problema. El Partido Popular, sus socios (hasta siete diputados expulsados de dos partidos) y Vox acaban de pedir al Congreso de los Diputados la devolución del Estatuto, paralizando su tramitación y dejando el texto en papel mojado.
«La izquierda se ha cargado el Estatuto en los despachos, pero el PP ha hecho lo que tenía que hacer»
«El Estatuto muere, todo lo que se hizo se tira por la borda», afirma con rotundidad Urralburu. A la iniciativa legislativa solo le quedaba la inclusión de las enmiendas que fueran aceptadas por los grupos parlamentarios del Congreso. «El Estatuto, tal y como quedó dibujado, siempre sufre transformaciones. La soberanía nacional reside en las Cortes Generales, no en la Asamblea Regional», explica.
Con él coincide Miguel Sánchez —ahora senador de Cs—, visiblemente afectado. «Estoy desolado. Han dinamitado los puentes. Esta semana se ha escrito una página muy negra de la historia de la Asamblea. Una horda de políticos sin moral y sin escrúpulos ha saqueado el parlamento autonómico. Cuando salgan de allí habrá que echar salfumán para quitar el hedor que dejan».
«El Estatuto es una ley orgánica y, como tal, tiene que pasar por las Cortes Generales para que se abra un período de enmiendas, como ha pasado con el canario». Además, Sánchez añade que los diferentes grupos «están en su derecho de presentar las correcciones que les parezcan oportunas». En el caso de los naranjas, la más controvertida fue una que buscaba limitar a dos mandatos la presidencia del Ejecutivo, lo que obligaría a López Miras a dejar el poder en 2023. «Eso no legitima las trampas, si una enmienda no te gusta, negocia con nosotros», explica el Sánchez, quien recuerda al Partido Popular que con la reforma del Estatuto para suprimir los aforamientos, ellos acudieron a su partido para negociar una enmienda para no incluir la inmunidad parlamentaria, que finalmente no salió adelante.
"Es lamentable que se arruinen de esta forma años de trabajo de muchos diputados y diputadas"
El popular Víctor Martínez no esconde que se siente «muy triste» con lo sucedido, y lamenta que hayan «entrado en juego otros elementos y poca fuerza de voluntad para defender lo que se pactó». En este sentido, considera que en el Congreso han «manoseado» el Estatuto de Autonomía. «No tiene sentido que ERC o Bildu opinen ni que corrijan en Madrid aspectos por intereses políticos», comenta. Además, acusa al PSOE de que esto haya ocurrido porque a este partido le correspondía «poner a raya a sus socios». El exportavoz del Grupo Parlamentario Popular la pasada legislatura, que no repitió como diputado en la actual, defiende que se presenten enmiendas siempre que sea para «mejorar» el texto, pero no para «tocar apartados como el de la financiación».
Para el exdirigente de Podemos —ahora líder de Más País en la Región—, había cuestiones, precisamente como las referentes a la financiación autonómica o a los recursos hídricos, para las que ya se esperaba un «cepillado» en la Cámara Baja.
"Cuando salgan de la Asamblea los políticos sin moral habrá que echar salfumán para quitar el hedor que dejan"
Sin embargo, para él, el problema es de fondo. «Tener 23 votos no significa tomar una decisión democrática». Urralburu, que lamenta que se frustre el trabajo de tres legislaturas, está convencido de que el «fracaso del diálogo» está relacionado con la moción de censura fallida. Entonces «se quebró la legitimidad del sistema, por lo que tenían que haberse celebrado elecciones; la Asamblea ya no produce nada legítimo». Puesto a que hay una «perversión del sistema democrático, esta decisión no es legítima», insiste. «La única manera de resolver un problema democrático es abriendo las urnas».
Para Sánchez, es evidente que había que presentar enmiendas ante un «claro problema de transfuguismo». Recuerda que personas que no responden ante ningún partido «se han hecho con el control de dos grupos parlamentarios, por lo que enmendar es todo un derecho». El que fuera líder del partido naranja en la Región se niega a aceptar que el Estatuto haya caído por una enmienda, sino por la «anomalía» que se vive en la Asamblea. «Nunca podíamos imaginar cuando redactábamos el texto que el PP podría hacer algo así, es una auténtica cacicada», comenta.
Para el exportavoz popular, sin embargo, el problema está en que «la izquierda ha intentado acabar con el PP murciano desde Madrid». Recuerda los años en los que «todos cedíamos» y ahora tiene la sensación de que «no ha habido voluntad». «En despachos se han cargado el Estatuto, pero el PP ha hecho lo que tenía que hacer». Para apoyar su discurso, señala que la oposición a los populares «siempre ha amenazado con cambiar en el Congreso lo que no les salía en Murcia». Por eso, prosigue, «PSOE, Podemos y Cs han presentado enmiendas de manera unilateral, sin hablar con los demás». Lo importante para Víctor Martínez es que «los murcianos no votaron ni apoyaron esas enmiendas».
"Hay una perversión del sistema democrático y esta Asamblea ya no produce nada legítimo"
El exportavoz del Grupo Parlamentario Socialista que también estuvo al frente de las negociaciones de la reforma del texto en la pasada legislatura, Joaquín López, afirma que «es lamentable que se arruinen de esta forma años de trabajo de muchas diputadas y diputados en la Asamblea Regional» y, como han declarado desde su partido, considera que «el PP y los tránsfugas de Ciudadanos y Vox han tirado doce años de negociaciones parlamentarias a la basura en apenas cuatro días».
Sobre la posibilidad de que alguna maniobra de última hora en el Congreso paralice la devolución del Estatuto, Urralburu se muestra muy «escéptico», ya que la resolución en la que se apoya el PP para reclamar el texto viene a «matizar el reglamento» del Congreso, cuyo artículo 129 dice que no se puede paralizar una iniciativa cuando ya se ha tomado en consideración. «La sentencia está echada, el tiempo de esta legislatura se pasó hace seis meses».
Martínez, por su parte, tampoco confía en que pueda frenarse la decisión de la Asamblea. «Los tiempos para una futura reforma del Estatuto los marcarán ahora los nuevos diputados».
Habla de los parlamentarios que llegarán tras echar salfumán en el hemiciclo, al menos si dependiera del senador Sánchez.
