Los Gobiernos de Murcia y Galicia pretenden que la Conferencia de Presidentes que se celebrará a principios de año en la isla de La Palma aborde la reforma del modelo de financiación autonómica, así como la dotación a las comunidades de un nuevo Fondo Covid para el año 2022 para paliar los efectos económicos que aún quedan de la pandemia.

Así se lo trasladarán ambos Ejecutivos autonómicos a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la reunión que mantendrá este viernes con todas las comunidades para perfilar el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará, tal y como anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a principios de enero en la isla de La Palma.

En este contexto, las autonomías ya están avanzando sus peticiones para esta cita multilateral, en la que, por el momento, Murcia y Galicia, ya se han posicionado a favor de que se hable sobre financiación autonómica, además del Fondo Covid. Esta petición surge después de que este mismo martes los ocho presidentes de las comunidades autónomas más despobladas --Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cantabria, Aragón y La Rioja-- sellaran un bloque común a través de una declaración conjunta en la que reclaman al Gobierno, entre otras cosas, que se tenga en cuenta la dispersión de la población en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Sin embargo, en el lado opuesto se sitúa Murcia, que conforma una especie de bloque común junto a Andalucía y Comunidad Valenciana, conocidas como las regiones «infrafinanciadas», que solicitan que en el nuevo sistema de financiación autonómica se prime el criterio de la población ajustada.

Asimismo, según ha hecho saber la portavoz del Ejecutivo murciano, Valle Miguélez, el Gobierno murciano va a reclamar la compensación de la deuda acumulada por la «infrafinanciación» que sufre la Región, «que está reconocida que sufrimos desde el 2009» y que ha achacado a «un sistema que castiga especialmente a nuestra Región». «Nuestro objetivo, en resumen, es que el Estado cubra con los recursos suficientes y en igualdad de condiciones los servicios públicos fundamentales, es decir, la necesidad de la Educación, la Sanidad, las Políticas Sociales en sus servicios públicos fundamentales de todos los españoles, vivamos en el lugar que vivamos», ha corroborado.