Decenas de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, representantes de PP y Vox, y diversos ciudadanos se han movilizado hoy frente a la Delegación del Gobierno para protestar por la la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada comúnmente como 'Ley mordaza'. Según los convocantes de la protesta, que se ha extendido por las principales ciudades del país, los cambios que diversos partidos políticos quieren hacer en forma de enmiendas, "son un claro retroceso en la defensa de la protección del libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, ya que nos coarta a la hora de preservar nuestra integridad física, limita nuestra capacidad de prevención del delito, nos pone en riesgo por permitir que se nos grabe y difunda, así como pretenden eliminar que el insulto y la falta de respeto hacia los agentes, no sea siquiera sancionada".
En una convocatoria sin precedentes, las principales asociaciones profesionales y sindicatos policiales de las Fuerzas de Seguridad se han dado cita ante la Delegación con el objetivo de mostrar su "frontal rechazo" a las modificaciones de esta norma que se desarrollan en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Los representantes de las diferentes Policías consideran que la Ley Mordaza constituye "una herramienta fundamental para el desempeño de la función policial en su contacto diario con la ciudadanía". A su juicio, su reforma "en los términos que se han propuesto y para la que no se ha contado con los representantes de los policías, dinamita el principio de autoridad, imprescindible tanto en la mediación entre agentes y ciudadanos como, para el mantenimiento de la paz social en tiempos tan complejos como los que atraviesa la sociedad".
"La convocatoria de movilizaciones sin comunicación previa, la retirada de la presunción de veracidad a las actas y atestados policiales, la rebaja e impunidad en la toma de imágenes a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el desempeño de sus funciones, son algunas de las líneas rojas que la reforma legal en proyecto rebasa de forma flagrante, dificultando con ello el trabajo policial y poniendo en riesgo tanto a ciudadanos como a policías", añaden.
En este sentido, advierten de que, "sin seguridad no hay libertad y, sin el marco legal adecuado la capacidad y las posibilidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su misión de garantizar esa seguridad ciudadana, se verá gravemente mermada".
Según explican los convocantes, a través de la constitución de la Plataforma No a la España Insegura, se han unido la inmensa mayoría de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles de todo el país, siendo un total de más de 40, entre agentes locales, autonómicos y estatales, para hacer acciones de protesta ante esta pretendida reforma.
PP, Vox y Ciudadanos en la movilización
El líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, el secretario general del PP, José Miguel Luengo, y diversos cargos del partido Ciudadanos estuvieron presentes en la protesta.
Según Luengo, "la modificación de esta Ley que pretende PSOE y Podemos, será derogada en cuanto gobierne el PP, y el presidente sea Pablo Casado, con lo cual es una modificación que tiene una fecha de caducidad corta, es una ley, como dicen los sindicatos policiales y de Guardia Civil, que lo que hace es humillar a nuestra policía, desprotegerla y amparar al delincuente". El secretario popular sostiene que la modificación legislativa conlleva "rebajar las penas por trapicheo de drogas de infracciones graves a leves; el único que puede alegrarse o celebrar esta modificación es aquel que trapichea con drogas, el que altera el orden público en las manifestaciones o el que pega fuego al mobiliario público".
"El Gobierno socialcomunista quiere desproteger a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vox es el partido de la ley y el orden", señaló Antelo durante la concentración. Según el líder de Vox, la modificación de socialistas y Podemos pretende "equiparar al delincuente con aquellos que nos tienen que proteger, pero sobre todo, los que van a sufrir la inseguridad, serán los ciudadanos".
Por su parte, la coordinadora de Ciudadanos, destacó que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido meter esta reforma en el Congreso de los Diputados sin sentarse con los colectivos afectados y sin llegar a ningún tipo de consenso con ellos o con el resto de fuerzas políticas". Para Ros, la urgencia del Gobierno responde "únicamente a criterios partidistas, que tienen que ver, posiblemente, con la negociación de los Presupuestos". Des Ciudadanos consideran que los derechos fundamentales y las libertades públicas "son uno de los pilares básicos de nuestra democracia y nuestra Constitución" y esta Ley "somete esos derechos a un determinado poder político". Además, para María José Ros, esta reforma lanza un mensaje muy peligroso, un mensaje de desconfianza hacia nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Con esta iniciativa se criminaliza y se desprotege aún más a nuestra Policía y Guardia Civil en vez de brindarle más protección jurídica, más medios para protegerse de manera física y una equiparación salarial que llevan reivindican desde hace mucho tiempo", sostiene Ros, que considera que una ley como la de Seguridad Ciudadana "debe abordarse con espíritu de consenso y por supuesto, con el 'sanchismo', esto no ha sido así".
