La actuación de la Inspección de Trabajo sobre la Formación para el Empleo (FPE) que imparte sin ánimo de lucro sindicatos y organizaciones empresariales, ha hecho saltar todas las alarmas en los centros formativos y educativos a nivel regional y nacional.
Según el nuevo planteamiento hecho por la Inspección de trabajo, la contratación del profesorado de los centros de formación para el empleo debe ser ahora por cuenta ajena cuando la práctica totalidad de las entidades en España trabajan desde hace más de 35 años con profesorado autónomo, siendo conocedor el propio cuerpo de Inspección y habiéndose considerado que era la adecuada.
El alcance del paso dado desde la organización administrativa trascendería a la FPE, porque afectaría a un abanico amplio de entidades educativas y formativas incluyendo las propias universidades públicas y privadas, institutos, centros de formación profesional y academias de preparación a oposiciones, que cuentan con profesionales en calidad de autónomos para impartir sus clases, afectando igualmente a las clases particulares en domicilios, preparadores de oposiciones, jornadas técnicas y charlas, entre otros ámbitos.
De prosperar el criterio manifestado desde la Inspección de Trabajo, los centros formativos gestionados por las organizaciones empresariales, sindicatos y empresas privadas en España se verían abocados al cierre, dejando a trabajadores en activo y desempleados sin acceso a una cualificación imprescindible en estos momentos, y en especial, a colectivos vulnerables, entre ellos jóvenes sin empleo .
Igualmente, resultarán damnificadas miles de pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos, en plena fase de transformación digital global que requieren de una capacitación específica en habilidades digitales.
