La sentencia del Constitucional anunciada ayer pone en peligro los 42 millones que ingresan los ayuntamientos de la Región por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, según las estimaciones del secretario general la Federación de Municipios de la Región, Manuel Pato.
Los consistorios murcianos recaudan unos 1.326 millones de euros entre todos los tributos locales, de acuerdo con las cifras de la última liquidación, que corresponde a 2019. Si las corporaciones locales se ven privadas de los 42 millones que aporta la plusvalía, sufrirían un serio revés, dado que no tendrían forma de compensar esa reducción de los ingresos.
Manuel Pato da por hecho que el Gobierno central elaborará una nueva ley que resuelva la incongruencia legal que se ha producido al registrarse una caída de los precios de las viviendas que «nunca antes se había producido». Recordó que «la Federación Española de Municipios ya había pedido al Ministerio de Hacienda que regulara la plusvalía en 2017, cuando se produjo la primera sentencia del Constitucional, en la que se eliminaba el pago de este impuesto cuando las propiedades se vendieran por debajo del valor de compra.
El diputado del PSOE en la Asamblea Regional Alfonso Martínez Baños explicó que, mientras el resto de ayuntamientos del país participan en los ingresos del Estado y en los de su comunidad autónoma, los de la Región solo reciben una financiación estable del Gobierno de España». Reclamó a la Comunidad que comparta «los más de 230 millones que recibe para financiar los servicios que la antigua Diputación Provincial prestaba a los consistorios».
La diputada regional del PP Isabel María Sánchez dijo que «los ayuntamientos son los perjudicados por la desidia del Gobierno al no haber aprobado una norma que regulara la plusvalía», ya que la sentencia «hace volar por los aires los presupuestos de los ayuntamientos».
