A las ocho de esta tarde la Región tiene previsto vivir otra manifestación multitudinaria por el Mar Menor, una que pretende emular o superar a la de Cartagena en 2019, donde 50.000 personas recorrieron las calles tras la crisis ecológica en octubre de ese año. Los promotores de esta protesta no buscan igualar cifras, saben además que la pandemia puede afectar al número de asistentes, pero quieren mandar un mensaje claro: «Queremos que se solucione el problema, que se cumplan las leyes y que haya diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno regional», señala Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor.
La manifestación de hoy, a la que asistirán 185 colectivos sociales, vecinales y sindicales, es la cima de una actividad constante desde hace mes y medio que busca reclamar medidas urgentes y definitivas para la laguna. «El sentimiento de pérdida e indignación ha permeado en toda la sociedad regional y ha traspasado las fronteras murcianas, ya que es uno de los destinos turísticos por excelencia de la costa», señala Ecologistas en Acción.
La protesta arrancará en la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia y en la del Gobierno regional, paralelamente, y terminará en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Al mismo tiempo, en Bruselas, Madrid, Valencia, Pamplona-Iruñea, Bilbao, Donostia y Alicante también se han convocado manifestaciones. Ayer se confirmó la presencia del líder de Más País, Íñigo Errejón, único político de la esfera nacional que ha anunciado su asistencia hasta ahora.
La manifestación en Murcia y las concentraciones de apoyo en diferentes municipios coinciden con la queja formal que ClientEarth y Ecologistas en Acción han presentado ante la Comisión Europea. El equipo de expertos medioambientales de ambas organizaciones afirma que la "continua falta de protección del Mar Menor infringe la legislación nacional y de la UE", e insta a Europa a que tome medidas urgentes contra el Estado español.
Ecologistas en Acción recuerda que la comunidad científica ya ha advertido del impacto que tienen esas actividades, pero el Gobierno regional y el español "no han conseguido controlar el aumento imparable del regadío, en parte ilegal, ni reducir de forma efectiva su impacto".
"La legislación de la UE exige a las autoridades estatales que tomen las medidas necesarias para evitar el deterioro de las áreas protegidas y la calidad de las masas de agua, como el Mar Menor, el acuífero del Campo de Cartagena y la Rambla del Albujón", añade. Sin embargo, el equipo de personas expertas que han elaborado la denuncia creen que España "ha incumplido esta obligación legal al tomar solo medidas superficiales para salvaguardar el Mar Menor".
