Plena inclusión Región de Murcia denuncia que la diferencia entre la subvención que otorga la Administración y el coste real de la Atención Temprana hace que "haya familias que tengan que pagar por el servicio y asociaciones que se endeuden para no detener los tratamientos, poniendo en peligro su continuidad". Destacan que el decreto se ha elaborado bajo consenso y no entiende por qué sigue sin aprobarse, ya que recoge una Atención Temprana universal, gratuita y de calidad para los menores de la Región de Murcia. "No somos más que familias defendiendo los derechos de las familias", declara el presidente de la federación, Joaquín Barberá.
Plena inclusión Región de Murcia, federación que integra a 27 asociaciones que trabajan para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, pide que se apruebe de manera urgente el decreto de Atención Temprana para que "ni los padres ni las asociaciones tengan que asumir parte del pago de unos servicios que son imprescindibles para los menores que los necesitan".
"Hasta ahora la Administración nos financia este servicio con una subvención insuficiente y no equitativa; hay familias que pagan y otras que no lo hacen o lo hacen en menos cantidad, en función de donde vivan", denuncia el presidente de Plena inclusión, Joaquín Barberá. Asimismo "la diferencia entre el precio real y la subvención es lo que pagan las familias o absorbemos total o parcialmente las asociaciones. Con este esfuerzo nos endeudamos para no detener los tratamientos poniendo en riesgo incluso nuestra continuidad", aclara Barberá.
Por este motivo, la federación pide a la consejería de Política Social que apruebe el decreto de forma inmediata para que la Atención Temprana de la Región de Murcia se universal, gratuita y de calidad. Un marco legal que, además, dotaría de una estabilidad jurídica y económica necesaria para este servicio.
El borrador del citado decreto de Atención Temprana se encuentra ya elaborado y han sido muchos los agentes implicados en la negociación. Plena inclusión Región de Murcia trabaja desde hace ya años en las negociaciones de esta Ley para garantizar lo mejor para las familias y las niñas y niños que la necesitan. "Las organizaciones que representamos a la mayoría de familias hemos llegado a un consenso sobre lo que necesitamos. Sin embargo, el proceso sigue parado", destaca Joaquín Barberá. "No somos más que familias defendiendo los derechos de las familias", añade.
