El conflicto del transporte escolar que arrancó a finales del curso pasado se ha enquistado y sume en la incertidumbre a los padres. Las concesionarias dejaron en tierra a miles de alumnos de Murcia, Cartagena y del resto de municipios que iniciaron el curso ayer. La patronal Froet asegura que el 90% de las empresas que debía reanudar el servicio no acudió a recoger a los escolares y argumenta que la Consejería no les ha enviado «el contrato necesario para poder solicitar la autorización especial de transporte escolar». Por su parte, Educación ha llevado a la Fiscalía «las prácticas presuntamente delictivas y extorsionistas que han tenido que sufrir algunas empresas contratadas» el lunes para cubrir las rutas de las compañías a las que les suspendió el contrato tras la primera jornada de paro.
La Consejería aseguró que algunas de las empresas contratadas llegaron a sufrir «agresiones» que dieron lugar a la rotura de los cristales de los autocares», mientras que la Froet negaba tales ataques. Fuentes de la patronal contestaron que nadie sabía a qué compañías había recurrido la Administración.
El Departamento de Mabel Campuzano también informó de que otras compañías, «según han comunicado a la Consejería, han sufrido también amenazas, que por miedo a represalias no han sido denunciadas en los juzgados». Fuentes de Educación explicaron que se han comunicado a la Fiscalía estas agresiones, que pueden ser «delictivas», aunque no se ha presentado todavía una denuncia formal, que tendrán que preparar los Servicios Jurídicos.
La Consejería pidió disculpas ayer a los padres que se habían quedado sin autobús y anunció que seguirá contratando a las compañías necesarias para cubrir las rutas de las concesionarias que secundan el paro. Sin embargo, ayer reconocía que algunos de los transportistas a los que había recurrido no llegaron a recoger a los alumnos. Así, muchas familias a las que se les había anunciado que ayer tendrían asegurado el autobús vieron cómo sus hijos se quedaban en tierra, mientras que otros padres a los que se les había dicho varios días antes que no contaran con el transporte escolar sí lo tuvieron.
El conflicto está provocado por la negativa de las empresas a aceptar el nuevo Acuerdo Marco propuesto por la Consejería de Educación, que regirá la adjudicación de las nuevas rutas. Las concesionarias pretenden que la Consejería retire el Acuerdo y prorrogue el convenio vigente tres años, pero el Departamento de Mabel Campuzano solo les garantiza este curso. También reclaman una indemnización por los meses que estuvieron sin actividad durante la pandemia. La Froet aduce que la Administración debe enviarles el contrato «necesario para poder solicitar la autorización especial de transporte escolar» y advierte de que las empresas seguirán sin prestar el servicio hasta que lo reciban con las condiciones exigidas.
Para Educación, se trata de «una medida de fuerza para que les acepte una nueva prórroga de tres años a un contrato desfasado y obsoleto de 2009, no ajustado a la Ley de Contratos de 2017 y que, además, resulta muy abusivo contra los intereses públicos de la Administración».
La Croem pidió ayer a las partes un esfuerzo para recuperar el diálogo, aunque responsabiliza a la Consejería de la falta de entendimiento «en un intento de imponer unas condiciones restrictivas inasumibles por las empresas». «Esta confederación no entiende la falta de empatía de la Consejería, indicó. Campuzano le respondió que «en nuestro departamento siempre hemos estado abierto al diálogo pero también dentro de los márgenes establecidos por la Ley y salvaguardando los interés público».
