Vox interpuso ay er una denuncia ante la Fiscalía por la comisión de un presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos efectuados a la laguna salada a través de un emisario de Santiago de la Ribera (San Javier). «Si ese agua es tan potable, que se la beba el alcalde o la ministra». Con ese ataque a José Miguel Luengo, secretario general del PP y regidor de San Javier, y a Teresa Ribera, titular para la Transición Ecológica, llegó a los juzgados una delegación del partido de Santiago Abascal.

El diputado nacional Luis Gestoso adelantó que el Gobierno central deberá dar cuentas al Congreso de los Diputados de su «responsabilidad de estos vertidos y el abandono del Mar Menor». Además, aprovechó para afirmar las «soluciones reales para el Mar Menor» son las cuatro medidas que propone su formación: apertura de golas, zanja perimetral, plan salmuera 0 y saneamiento separativo por parte de los Ayuntamientos de la zona. «No sorprendería que el Ayuntamiento que preside el secretario general del PP, José Miguel Luengo, tuviera alguna responsabilidad en este tema, pues ya es multirreincidente», reprochó.

Por su parte, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, criticó que se esté «criminalizando al sector de la agricultura injustamente», mientras que «los diferentes gobiernos se protegen y excusan unos a otros para no asumir responsabilidades». Considera también que la Ley de Protección al Mar Menor «en nada protege» a la laguna salada.

El diputado regional Pascual Salvador, el senador José Manuel Marín y el vocal del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) Antonio Martínez también acudieron al Tribunal Superior de Justicia tras la presentación de la denuncia. Desde Vox exigen a López Miras y a Pedro Sánchez que se pongan en marcha todas las medidas con las que se comprometieron en el plan Vertido Cero.