La Ley de Servicios Sociales incluye el reconocimiento del derecho subjetivo de los ciudadanos a tener una prestación social. La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional aprobó el dictamen de la ley que deberá votarse también en Pleno. La mayoría de los grupos parlamentarios destacaron el clima de colaboración que se ha producido durante su tramitación.
La socialista Toñi Abenza valoró, tras la aprobación del dictamen, que su grupo ha logrado introducir propuestas como que los Servicios Sociales «sean considerados de servicio público esencial, la ampliación de las esqueléticas infracciones leves».
La diputada del PSOE recalcó que de las 25 enmiendas admitidas, 17 las ha presentado su grupo parlamentario. Entre las críticas que lanzó destaca que «no es el proyecto de ley de tercera generación y pionero» que les gustaría para la Región «ni solucionará las desigualdades territoriales en 14 municipios de menos de 10.000 habitantes».
Por parte del PP, Maruja Pelegrín señaló que la ley «garantiza las necesidades básicas de los ciudadanos». En este sentido, expuso que se incluye la Renta Básica de Inserción, la protección de menores, la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y la atención temprana a niños de 0 a 6 años con discapacidad o riesgo de padecerla.
«Se trata de un catálogo que se completa con otros servicios como las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la teleasistencia para mayores de 80 años», indicó.
El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, recordó que se presentaron 153 enmiendas a la ley y que de esas se han aprobado 25. Él también destacó que la norma «establece unos derechos subjetivos, que supera una mirada asistencial y que dará respuesta a la necesidad de convertir el sistema público de servicios sociales en un modelo basado en la equidad, e igualdad real y efectiva».
También señaló que la ley modifica los principios rectores del sistema de servicios sociales, destacando la garantía de la universalidad y distingue entre servicios de atención primaria y servicios especializados.
Para la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, la ley llega 18 años después de que se aprobara la ley anterior. A su juicio, el texto «ha carecido de desarrollo legislativo y de un reglamento que hiciese efectivo su cumplimiento».
Según la diputada de Podemos, la ley es «una oportunidad perdida en la que «no se reconoce la labor de profesionales indispensables en los servicios sociales, como psicólogos o educadores sociales. Tampoco se ha tenido en cuenta en la ley la necesidad de crear nuevas plazas para la inspección».
Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Francisco Carrera, apuntó que ha habido un «buen ambiente de trabajo entre todos los grupos para sacar adelante la ley».
