La regulación de los precios públicos universitarios en la Región de Murcia tendrá forma de decreto para darle consistencia jurídica y que sea permanente en el tiempo. La Consejería de Universidades ha negociado estas últimas semanas con la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena un borrador de decreto que se encuentra ahora en exposición pública y que se pretende aprobar lo antes posible por parte del Consejo de Gobierno para establecer cuanto antes los precios públicos universitarios correspondientes al curso 2021-2022, cuyo proceso de matriculación se iniciará en julio.
Las habituales órdenes regionales que marcan cada año los precios de los créditos universitarios para los grados, másteres y doctorado, así como los de otros procesos administrativos como la expedición o duplicado de títulos, no desaparecerán. La Consejería publicará cada año una orden donde se establezca este precio, y la competencia para hacerlo recaerá, en este caso, en la titular del departamento, la consejera Valle Miguélez, que podrá «fijar o actualizar cada año los precios públicos universitarios», contando con el tope marcado cada año por la Conferencia General de Política Universitaria, donde están representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Universidades.
El decreto se limitará a regular la base normativa de los precios públicos, el derecho de matriculación, las formas de pago y las tarifas especiales, así como los premios que logren los alumnos por su trabajo académico.
En este último caso, la orden incluye como novedad que aquellos estudiantes que hayan logrado ser los mejores en sus títulos, lo que se conoce como premios extraordinarios de fin de grado o máster, así como de doctorado, no pagarán la tasa de expedición de título. El pago por este proceso administrativo le cuesta a cada graduado 198 euros y, en máster o doctorado, 215 euros.
Otra novedad que se puede leer en el borrador del decreto es que a aquellos alumnos que, estando matriculados en segunda o sucesivas matrículas, aprueben los exámenes en la primera convocatoria del curso de una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre sin que lleguen a recibir docencia, les será devuelto el 70% de lo que pagaron por dicha materia.
Ambas novedades son una reivindicación del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, que negoció su implantación con el Rectorado y la Dirección General de Universidades. Amal Conesa, presidente del CEUM, celebra que el decreto recoja dos de las medidas que demandaban los alumnos y presentará aportaciones al documento, que se encuentra en información pública, para que se rebaje el importe económico de la penalización por segundas o sucesivas matrículas.
Causas justificadas
Aunque el pasado año la orden de precios públicos ya añadió que los alumnos que no pudieran presentarse a los exámenes o que vieran afectado su rendimiento académico por la pandemia en cuanto a nivel económico o de salud no pagaran penalización al volver a matricularse al curso siguiente, el decreto incluye ahora una disposición adicional donde por causas justificadas (como contagios, enfermedad, intervención quirúrgica, fallecimiento o enfermedad grave de familiares e incorporación al mercado de trabajo por el empeoramiento de la situación económica familiar, entre otras) estos estudiantes estarán libres de dicha tasa extra.
