En los últimos cinco años, según consta en los registros de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SMS, la Región ha registrado una media anual de casi 3.400 Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). La inmensa mayoría de esas intervenciones, 2.400, tienen lugar cuando la gestación tiene ocho o menos semanas.
En un 95 por ciento de los casos, esta interrupción se produce a petición de la mujer, en los supuestos previstos por la ley; el cinco por ciento restante corresponde a motivos médicos (cerca de 170 mujeres al año) donde concurren diversas casuísticas: un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, graves malformaciones en el feto o anomalías fetales incompatibles con la vida.
Para que la interrupción del embarazo se realice en la Comunidad, la gestión no debe superar las 20 semanas y sólo hay dos opciones privadas: el Instituto Ginecológico de Murcia y la clínica Ginemur, que tienen el mismo domicilio social en la avenida Juan de Borbón. El resto de casos, por encima de las 20 semanas, son derivados a la clínica madrileña El Bosque.
Clínicas privadas, sin control
Los testimonios de varias mujeres murcianas que tuvieron que abortar por motivos médicos en los que denuncian un trato «inhumano», publicados por la Asociación Española de Matronas y LA OPINIÓN, han abierto el debate sobre el escaso control del SMS sobre estas clínicas y sus derivaciones. Tanto es así, que el propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, en respuesta parlamentaria, reconoció recientemente que todavía «no se ha establecido un modelo de control de calidad asistencial en centros privados».
En otra respuesta parlamentaria, Pedreño achacó que las reclamaciones que han llegado al SMS de mujeres gestantes por violencia obstétrica «están basadas exclusivamente en una percepción subjetiva de los hechos por parte de las usuarias, sin que hayan podido confirmarse».
La diputada regional del PSOE, Lara Hernández, explica que «para hacerte una radiografía te derivan a centros concertados como San José, La Vega, pero con estas no, sólo requieren una autorización». «Lo que está consiguiendo la Consejería de Salud tratándolas de esta manera es estigmatizarlas por completo; muchas no hablan porque tienen la percepción de haber hecho algo malo; las historias que me han contado muchas de estas mujeres me han puesto los pelos de punta; estamos hablando de violencia obstétrica, consentida y silenciada por el Gobierno regional y la Consejería de Salud». La diputada socialista incluye a la titular de Mujer, la vicepresidenta regional Isabel Franco: «Me parece bestial que sabiendo esto, todavía no haya hablado con estas mujeres».
Moción a la Asamblea
«El aborto es un derecho que tenemos todas desde 1985, pero es que en el caso de estas mujeres es todavía más tremendo porque son interrupciones de embarazo forzadas por criterios médicos; algunas de estas mujeres te cuentan que llegan a las clínicas y se encuentran a personas con carteles llamándolas asesinas cuando llegan destrozadas», señala la diputada.
Sobre el hecho de que el SMS no realice este tipo de intervenciones directamente, Lara Hernández, explica que «la objeción de conciencia es algo personal pero entiendo que es ilegal, que todos los hospitales públicos de la Región, todos los facultativos, se declaren objetores de conciencia en todos los supuestos, porque están poniendo su derecho por encima del de todas estas mujeres». Hernández defiende que las mujeres que interrumpen su embarazo tienen derecho a ser asistidas por la sanidad pública y «con un mínimo de dignidad».
Hernández aconseja a la Comunidad que se fije en lo bien que se está haciendo en otros territorios como la Comunidad Valenciana o Cataluña.
Para el PSOE, el primer paso que debería dar la Consejería de Salud es «buscar facultativos y medios para atender a estas mujeres, y evitar todas las derivaciones fuera de la Comunidad y a clínicas privadas en la Región cuando la intervención se realice por prescripción de un facultativo».
