El sector del vino regional pide poner más coto a la producción en La Mancha

La Mesa Sectorial del Vino volvió a reunirse esta semana con el Ministerio de Agricultura a la cabeza para estudiar nuevas medidas que permitan la autorregulación a las cooperativas agroalimentarias de Castilla La Mancha. Esta comunidad copa el 55% de la producción nacional de vino y la mayoría de su mercado se produce fuera de las restricciones planteadas para las Denominaciones de Origen Protegidas.

El sector del vino de la Región de Murcia pide ajustar aún más la producción de las bodegas manchegas, hasta un límite de 15.000 kilos por hectárea para uvas tintas y blancas, que permita a los precios no sucumbir por la amplia oferta, voluminosa en cantidad pero baja en calidad, que se ofrece al consumidor.

«Contra eso no podemos luchar, las DOP no producen exceso de oferta», señala Francisco Carreño, vocal de la sección del vino en la federación de cooperativas Fecoam y presidente de la DOP Bullas. Frente a esas cifras de producción de Castilla La Mancha, las DOP regionales producen entre 8.000 y 5.000 kilos por hectárea dependiendo si el cultivo es intensivo o de secano. «En esa guerra comercial no podemos jugar, no se puede vender en condiciones nuestros vinos, se hunden los precios», exclama.

Carreño remarca que hasta que Castilla La Mancha no recorte su rendimiento y pueda rebajarse de la cifra de 15.000 kilos por hectáreas, no habrá un equilibrio comercial.

El Ministerio señala que uno de los objetivos principales marcados en la Mesa Sectorial ha sido el de avanzar en los debates sobre el diseño de herramientas para el reequilibrio del mercado del vino a medio y largo plazo, «fundamentalmente mediante la puesta en marcha de una norma de comercialización. Dicha norma debe permitir avanzar en la regulación de la oferta, de acuerdo a las posibilidades que otorga la reglamentación comunitaria y nacional en la materia. Concretamente, se han intercambiado puntos de vista sobre la posibilidad de reducir los rendimientos productivos y/o de realizar retiradas de producto por parte del propio sector».

Otra de las opciones estudiadas fue la del aplicar un incremento del volumen de alcohol que deben de contener los subproductos vinícolas para darle nuevas salidas en el mercado a la producción.

«Cuando las administraciones quieren poner dinero se plantean medidas como el almacenamiento de la producción o la cosecha en verde, que consiste en la retirada de la uva de los viñedos para reducir la cantidad, controlar la ‘alcoholización’ de los vinos o reducir la oferta histórica», explica Carreño.

Las bodegas regionales registradas en las tres DOP (Bullas, Yecla y Jumilla) «tienen que cumplir con una marca de calidad reconocida y garantizada, con unos máximos de rendimiento para proveer de un carácter diferencial», añade Carreño.

Con la pandemia, el sector de bodegas más orientado al Canal Horeca, dirigido a la restauración, «lo está pasando peor», y aquellas que tienen más desarrollado un mercado online y que han potenciando su exportación «están intentando compensar en parte». La gestión de las ayudas al sector, dependiente de los fondos europeos, ha sido una estrategia criticada por las cooperativas del vino al ministro Luis Planas.

La situación del mercado en España está marcada por una producción de vino y mosto de 46,70 millones de hectolitros, un 24% superior a la de la campaña pasada y un 11% superior a la media de las últimas cuatro campañas. Por lo que respecta a las salidas totales, si bien son inferiores a las de campañas pasadas por razón de la pandemia, el comportamiento de las exportaciones está siendo fluido. De hecho, el volumen exportado en los seis primeros meses de campaña ha sido un 1% superior al de la campaña pasada y un 5 % superior al mismo periodo de la campaña 2018/2019; no ha ocurrido lo mismo en valor, que ha sido inferior para los mismos periodos, según datos del Ministerio.