El esperpento político regional desde que la coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, se aliara con el PSOE para tratar de ocupar la presidencia de la Comunidad está lejos de relajarse. El miércoles cristalizaba en la Asamblea Regional la operación que los consejeros expulsados del partido de Inés Arrimadas pusieron en marcha para hacerse con el control del Grupo Parlamentario, con el apoyo decisivo del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo. El objetivo de este movimiento fue desplazar a los diputados que siguen siendo fieles a la dirección nacional de Cs de las comisiones legislativas y de la Junta de Portavoces, el órgano que tiene la potestad de controlar la actividad que se desarrolla cada semana en la Cámara, y desbloquear así la situación de parálisis que se estaba viviendo.
Esa operación incluyó el cese a petición propia de Álvarez como consejero de Empleo para evitar el conflicto de intereses con la labor como portavoz del Grupo Parlamentario que va a desempeñar a partir de ahora. Las competencias del área que abandona, Empleo, Investigación a Universidades, serán asumidas por el momento por la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, la también diputada expulsada de Cs, Valle Miguélez. En cualquier caso, Álvarez recuerda que «si hubiese que ocupar la cartera sería por supuesto con un candidato pactado y consensuado con Ciudadanos en virtud del acuerdo de gobernabilidad que incluye cuatro consejerías para la formación liberal, entre ellas la de Empleo, Investigación y Universidades».
Graves acusaciones
Álvarez desveló ayer que el partido a nivel nacional «ha estado recibiendo algunas transferencias» que no cree que «sean las convenientes y las oportunas». El ya exconsejero de Empleo detalló que desde el inicio de la legislatura se han desviado 280.000 euros de las asignaciones del Grupo de Cs en la Asamblea a Madrid. A cambio de ese dinero, «el partido debería haber llevado a cabo acciones en favor de ese grupo parlamentario y no se ha hecho absolutamente nada», denunció Álvarez que asegura que la alianza de Ciudadanos con PSOE «en las cloacas de Moncloa» ha provocado «la desintegración total» del partido en toda España.
Sobre la trasferencia de 280.000 euros, la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal recordó que en cualquier caso la persona autorizada en las cuentas «era la tránsfuga Valle Miguélez».
«No es cierto», contestaba Álvarez que aclaraba que la firma autorizada es la del portavoz del Grupo, Juan José Molina. «Preguntadle a Martínez Vidal si no está la firma de Molina en estas transferencias», indicó Álvarez.
En cuanto a la reorganización del Grupo Parlamentario, Martínez Vidal reveló que los servicios jurídicos de Cs trabajan en las alegaciones a los documentos presentados por Álvarez en la reunión de este miércoles. En concreto, una de las cuestiones analizadas es el hecho de que baste con elevar el nuevo reparto de comisiones por vía telemática para dar los cambios por válidos. Una vez este extremo se resuelva, los diputados de Cs decidirán si siguen en el Grupo Parlamentario o ingresan en el Mixto, donde ya están los dos diputados de Podemos.
Por otra parte, el diputado disidente, Francisco Álvarez, también reveló ayer que el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, ha sufrido amenazas por parte de miembros de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos por su abstención tanto en la moción de censura de Cs y PSOE a López Miras como en la reunión del miércoles donde se decidió la reorganización del Grupo Parlamentario. «Castillo está pasando en este momento por unos momentos muy duros pese a que se ha comportando como un caballero desde el primer minuto», sostuvo Álvarez.
