El abogado murciano José Luis Mazón, en nombre de la organización política Contrapoder, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia en Murcia por los presuntos delitos de «corrupción y cohecho» contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y los tres diputados regionales de Ciudadanos que forman parte del Ejecutivo del PP, a pesar de haber firmado la moción presentada por el PSOE y la formación naranja, que se votará hoy en la Asamblea Regional.

Contrapoder acusa a López Miras de ser «el comprador corrupto», en «su doble condición de presidente de la Comunidad Autónoma y jefe del partido político al que pertenece», el PP, y de «aprobar el acuerdo de compra mediante cargos de consejeros».

Por otra parte, responsabiliza a los tres parlamentarios de Cs integrados en el Gobierno regional, la vicepresidenta, Isabel Franco, y los consejeros de Empleo y de Empresa, Francisco Álvarez y Valle Miguélez, respectivamente, de haber renunciado a apoyar la moción de censura contra López Miras que habían firmado inicialmente, «no por una reconsideración de su posición personal, sino en virtud de un pago», que identifica como «sus nombramientos como consejeros del Gobierno de la Comunidad murciana».

A ellos les atribuye la aceptación de «un regalo» en «su calidad de funcionarios públicos, por ser diputados de la Asamblea Regional», y de particulares, como «miembros de formaciones políticas entre las cuales se ha practicado el juego sucio de la corrupción por compra venal».

También considera que «han vendido su deber para con su asociación (partido Ciudadanos) que les dio el cargo de diputados».

El letrado murciano señala en la denuncia presentada ante el Juzgado de Guardia que López Miras podía haber «convencido sin retribuciones» a los tres parlamentarios para que cambiaran de opinión», en cuyo caso se habría producido «una expresión de su libre determinación personal».

Sin embargo, concluye que «la compra es un delito previsto en el Código Penal, pero como la cultura de la corrupción (‘Mata al rey y vete a Murcia’) está incrustada profundamente en el imaginario colectivo, hacen cosas que son delitos pensando que actúan en el ejercicio del derecho de comprar libertades».

También responsabiliza a la dirección regional del PP, que «ha apoyado el intercambio».

El abogado que quiso retirar el Cristo de Monteagudo

José Luis Mazón ha defendido con anterioridad polémicas causas judiciales, como la que provocó su intento por conseguir la retirada del Cristo de Monteagudo, salvado finalmente por los tribunales. Una de sus últimas iniciativas ha sido la denuncia por presunta prevaricación contra el Ayuntamiento de Madrid y el concejal responsable de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por mantener los parques de la capital de España cerrados durante la pandemia.