11 de diciembre de 2020
11.12.2020
La Opinión de Murcia
Medio ambiente

ANSE frena la compra de Cabo Cope por la Comunidad

La asociación naturalista reclama participar en la gestión del parque de Calnegre y la aprobación del PORN

10.12.2020 | 20:49
La Comunidad responde a ANSE que no se puede negar al retracto.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha avisado este jueves, tras haber sido citados a la firma de la escritura por la que la comunidad compra las 270 hectáreas de Cabo Cope adquiridas previamente por los ecologistas, que esta operación no será efectiva hasta que el Gobierno regional responda a sus peticiones. Esta asociación ha señalado que el presidente de la Fundación Anse, José Manuel Catarineu, y su director, Pedro García, han comparecido en la mañana de hoy en la notaría a la que había sido convocada la entidad para la firma de la escritura de retracto. En este sentido, esta entidad ha indicado que el pasado verano se reunió con el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, al que mostró su disposición a que los terrenos comprados a la Sareb pasaran a manos de la comunidad autónoma, como ya habían pedido hace dos años, pero Anse ha matizado que no ha recibido todavía respuesta a sus peticiones para que ese «retracto sea efectivo».

Así, ha detallado que aún están pendientes de aprobar los gastos de compra y de la campaña de recaudación de fondos, el compromiso para que Anse participe en la gestión futuro de la zona protegida, la respuesta a la cláusula impuesto por la Sareb en la escritura de compra, indicando que ninguna administración podría ejercer el derecho de retracto y, sobre todo, la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque regional Calnegre y Cabo Cope.

La Comunidad señala que el derecho ejercido no va en función de las condiciones que dice ANSE haber puesto, por lo que no comparte los argumentos que plantea la asociación y mantiene su intención de ejercer su derecho de retracto, «al que no se pueden negar ni poner condiciones». A partir de ahora, «los servicios jurídicos van a estudiar las diferentes vías para defender los intereses de la Comunidad».

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