La Fiscalía Superior de la Región, que dirige José Luis Díaz Manzanera, investiga si se están produciendo delitos tanto en la gestión pública como privada de las residencias de ancianos de la comunidad murciana, confirman desde este órgano. Esta investigación nace a raíz de una denuncia del Defensor del Paciente, asociación que, desde su sede en Madrid, ha escrito a las fiscalías de todas las comunidades.

"No sabe lo que me alegro", expresaba Carmen Flores, presidenta de la asociación Defensor del Paciente, al tener conocimiento de que la Fiscalía de Murcia había atendido su requerimiento y abierto una investigación. Han mandado desde su colectivo denuncias a distintos fiscales de toda España y "solo en Madrid, se han archivado el 99% de ellas, lamenta la mujer. Esta es la emotiva carta que desde la asociación enviaron al fiscal superior:

Muy Sr. nuestroContactamos con usted para adjuntarle lo que hemos podido conocer, como quiera que se trata de algo que entendemos grave atentando a la dignidad de las personas residentes en las residencias de Murcia con un trato vejatorio, falta de cuidado y atentando a su vida,No entendemos que la administración murciana no controle lo que pasa en lugares que son de cuidado y no de horror; que se paga y bien no para ser masacrados, sino para ser atendidos con la decencia que merece cualquier ser humano, máxime cuando no se puede defender;entendemos que es una violación de los derechos humanos a sabiendas que se les está haciendo daño y aprovechándose de que son vulnerables y no pueden salir huyendo.Esperamos se investigue de oficio la situación de las residencias de Murcia, como actúan, qué personal y medios tienen y, sobre todo, ¿porque el Gobierno de Murcia ha consentido esto?Es una irresponsabilidad, una maldad y no deben estar abiertas porque los malos tratos no se pueden ni permitir ni tolerar.Esperamos empatia y solidaridad con estos ancianos y sus familias y reflexionar que no querríamos que nos hicieran a nosotros.

Por otra parte, nuestra solicitud la fundamentamos en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.Atentamente, Carmen Flores (presidenta).