El CES alerta de que la nueva orden de las VTC crea inseguridad jurídica

El Consejo Económico y Social (CES) reclama a la Consejería de Fomento que aparque uno de los cambios introducidos en la nueva orden que regulará la contratación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), porque no se exige a las instituciones públicas el plazo de antelación estipulado para los ciudadanos. La nueva regulación reduce de 30 a 15 minutos la antelación necesaria para contratar los vehículos de empresas como Uber o Cabify.

El CES también reclama que en la orden se incluya de forma expresa la obligación de mantener los vehículos fuera de servicio en las instalaciones que sirven como bases a estas empresas con el fin de evitar que puedan circular por la calle en busca clientes, algo que solo pueden hacer los taxis. Deja claro que la orden generará inseguridad jurídica si no se introduce esta precisión. El texto remitido al CES establece que los VTC deben «permanecer estacionados en lugares distintos a las vías y espacios públicos».

El Consejo considera necesario que, además de prohibirles aparcar en la vía pública, se recoja «la obligación de permanecer en la base de la entidad titular del vehículo» o en garajes y aparcamientos «no ubicados en la vía pública. En el borrador de la nueva orden, Fomento explica que va a modificar las condiciones de los VTC porque considera necesario evitar «los desajustes existentes entre la oferta y la demanda en el sector del transporte discrecional de viajeros».

Añade que, además de «garantizar el derecho de la ciudadanía a emplear estas formas de transporte en condicines óptimas y equilibradas», pretende «evitar la compentencia desleal» y «equiparar su desigual tratamiento jurídico». El CES admite que los clientes de los VTC deban contratar los servicios con una antelación de 15 minutos y señala que este plazo coincide con el establecido por muchas comunidades autónomas. También acepta que se elimine este requisito en casos de «urgencias, emergencia y asistencia en carretera», pero rechaza que entre las excepciones se incluyan los servicios que son contratados por «las distintas administraciones públicas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».

El CES indica que «el establecimiento de esta excepción debiera haber sido abordada y justificada» en la memoria del proyecto de orden «especificando las razones de la misma». Aconseja que se posponga» su aplicación que o se «extienda a las entidades y corporaciones de naturaleza privada».