25 de octubre de 2020
25.10.2020
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Entrevista
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia

Santiago Álvarez Carreño: "Desde 2009, casi cada año se han derogado poco a poco las normas ambientales"

Este experto también ha analizado otros decretos leyes en materia medioambiental de Murcia como el del Mar Menor aprobado a finales de 2019

25.10.2020 | 04:00
Santiago Álvarez.

El profesor de la Universidad de Murcia, Santiago Álvarez, se muestra crítico con las políticas ambientales llevadas a cabo por los sucesivos Gobiernos regionales que desde 2009, año en el que se publicó la ley de Protección Ambiental Integrada, han mantenido una hoja de ruta muy laxa con la defensa del medio ambiente. Álvarez expuso sus tesis sobre los decretos leyes del Gobierno el pasado mes de junio en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a raíz de la tramitación como ley del entonces proyecto de ley de mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras.

P En su artículo recopila las reformas que el Gobierno regional quería hacer en materia medioambiental mediante decreto ley. ¿Cuál es el cambio más llamativo?
R El Gobierno ha utilizado dos decretos leyes para despistar. Han empleado un decreto ley en materia de infraestructuras y vivienda que llega a hablar de puertos y de los terremotos de Lorca pero que el asunto central de ese decreto es la derogación y reforma que hacen de artículos de la ley de ordenación del territorio y urbanismo. Esa reforma en realidad va de la mano de la ley de protección ambiental, por lo que están jugando a evadir la evaluación de impacto ambiental de un montón de proyectos urbanísticos.

P El decreto otorgaba más peso sobre la resolución de procedimientos de evaluación ambiental a los municipios dado que aumenta el número de proyectos en los que el órgano municipal actúa como órgano sustantivo, según su análisis.
R Para evaluar el impacto ambiental de un proyecto o un plan de situación estratégica tiene que haber un órgano ambiental y un órgano sustantivo, no puede ser que el mismo órgano que evalúa el proyecto sea el que lo apruebe. La intención del Gobierno era que esto lo hicieran los ayuntamientos de poblaciones con hasta 20.000 habitantes (aunque luego se mantuvo en 50.000). El cuerpo técnico del Consistorio o el Pleno municipal puede ahora evaluar un proyecto y aprobarlo, algo que no tiene sentido porque no se garantiza la independencia.

P ¿Cómo analiza la situación de las normativas medioambientales desde que se aprobó en 2009 la ley de Protección Ambiental Integrada?
R En el mismo año que se aprobó esa ley también suspendió la parte tributaria de la norma. Más tarde se aprobó la ley de Proyectos Estratégicos que también derogaba en parte la de Protección Ambiental. Casi cada año hay una ley que deroga parcialmente la norma de 2009. Todo es una continuidad en el tiempo al mantener una política de derogar implícitamente la ley de 2009. El elemento emblema de esa ley era la autorización ambiental única y eso nunca llegó a estar en vigor por los plazos de aplicación.

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