La Comunidad ha decidido devolver las ofertas «sin» abrir a las empresas que se presentaron al concurso de la televisión autonómica para que las adapten a la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales (TACRC), según una orden firmada por el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.

Este hecho se produce después de que el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda diese la razón a TCERO Estudios y eliminase la cláusula sobre la subida salarial a los empleados de La 7 al considerar que suponía un encarecimiento del contrato y limitaba la libertad de empresa.

Asimismo, la orden firmada por Celdrán dispone que es necesaria la corrección precisamente en el apartado relativo a las condiciones salariales de los trabajadores en cuanto a la ponderación de los criterios de adjudicación dependiendientes, por lo que se distribuirá la puntuación «entre el resto de criterios de adjudicación». Además, dicha orden se publicará en el perfil del contratante para informar al TACRC y a las propias empresas que presentaron ofertas.

El plazo de presentación establecido en el concurso acabó el 2 de julio, aunque la licitación quedó suspendida a partir de ese momento a la espera de que el tribunal resolviera la reclamación de TECERO.

Ahora todo apunta a que se deberá abrir un nuevo plazo para la presentación de ofertas. Sí se conservará «el resto de actos y trámites efectuados», así como las actuaciones y aclaraciones realizadas respecto a las consultas sobre los pliegos efectuadas por lo licitadores no relacionadas con el criterio que ha sido anulado y que han sido publicadas en el perfil del contratante.

TCERO, que es una de las cinco empresas que aspiran a la nueva concesión de La 7, también ha llevado a los tribunales de Justicia el contrato provisional que la Comunidad hizo a Secuoya con carácter urgente para evitar que el canal autonómico tuviera que dejar de emitir el 30 de abril, dado que se convocó el nuevo concurso cuando faltaban apenas seis semanas para que expirara la última prórroga y no daba tiempo de resolverlo. Este recurso ha sido admitido a trámite por el TSJ.

Ambas empresas mantienen una dura pugna por la nueva concesión de la televisión autonómica para los próximos cinco años por un importe de 77,5 millones. Antes de acudir al TACRC para pedir que aclarara cómo se iban a puntuar en el concurso las cláusulas relativas a la subida de sueldos de la plantilla de la televisión autonómica, Audiovisuales TCERO había dirigido varias consultas a la Consejería de Presidencia y Hacienda.

Sin embargo, la compañía que preside Juan Francisco Zambudio consideró que Hacienda no había atendido debidamente su consulta sobre la forma de valorar las propuestas salariales de los postores recogidas en el pliego de condiciones y decidió recurrir al Tribunal de Recursos Contractuales para que resolviera sus discrepancias.