En primavera, el confinamiento obligado cuando estaba en vigor el estado de alarma hizo mella en el negocio del sexo desde el momento en que los potenciales clientes no podían salir a la calle. Entonces, trabajadoras sexuales, en situación de alegalidad, muchas veces se vieron con auténticas necesidades, por lo cual se puso en marcha una colecta en la que se logró recaudar 25.000 euros, para repartir entre las prostitutas más vulnerables, explicó Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS).

Ahora, con el cierre de los burdeles ordenado por la Consejería de Salud, trabajadoras del sexo se ven en una situación vulnerable.

Muchas chicas que ejercen trabajo sexual en clubes de la Región tienen contrato de camarera o directamente solo un acuerdo para hacer uso de una habitación con los clientes a cambio de un precio preacordado. Algunas, no solo no tienen contrato, sino que se trata de extranjeras en situación irregular en España.

Por tanto, CATS exige a la ministra de Igualdad, Irene Montero, «que facilite el acceso inmediato al Ingreso Mínimo Vital para las trabajadoras de clubes de alterne afectadas por el cierre», y que lo haga «con la misma contundencia con la que ha exigido el cierre de sus clubes»,. explican desde la asociación.

Y es que «las trabajadoras de clubes de alterne no tienen derechos laborales ni contrato de trabajo, muchas de ellas no tienen vivienda, empadronamiento ni redes familiares de apoyo, por lo que el acceso a ayudas sociales es mínimo o nulo», lamentan. Remarcan desde el comité de apoyo que «su situación actual se encuentra, por tanto, entre las más precarias».