El veto parental se ha quedado fuera de las instrucciones de inicio de curso 2020/2021 para todas las etapas educativas en la Región de Murcia. La Consejería de Educación no ha incluido la autorización paterna para las actividades complementarias que se imparten en los centros educativos como así hizo en las instrucciones para el curso 2019/2020 por exigencia de Vox para desatascar la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad.
En rueda de prensa el pasado martes, la consejera de Educación, Esperanza Moreno, no quiso aclarar si el pin parental estaría incluido en estas instrucciones para el próximo curso. Publicadas ya ambas resoluciones que rigen la organización del curso en colegios e institutos y para todas las etapas educativas, el artículo que hace referencia a las actividades programas por los centros que definía el porceso para pedir el consentimiento paterno no está.
Fuentes del Gobierno regional consultadas por este periódico señalan que este asunto queda a la espera de saber si se eleva a decreto para dar más solidez a la instrucción modificando los currículos de Primaria y Secundaria, como así anunció Moreno el pasado mes de enero. La intención del Gobierno regional entonces era mantener el pin parental elevándolo a decreto pero limitando la capacidad de veto. Es decir, las autorizaciones paternas no serían necesarias en el caso de que las charlas las impartieran funcionarios.
Esta decisión se tomaba porque, según palabras de la consejera, a los funcionarios "se les presupone una neutralidad ideológica" que no podrían garantizar en el caso de que esta formación curricular la dieran organizaciones o asociaciones de distintos sectores profesionales. Podrían asistir los menores a charlas impartidas por policías, bomberos, guardias civiles, médicos, enfermeros o jueces sin previo consentimiento de los padres.
Asimismo, el silencio de los progenitores se consideraría positivo y no negativo como hasta ahora, es decir, si un menor no entrega la autorización, asistirá a la actividad, y solo se quedará fuera si sus progenitores manifiestas expresamente que no consienten la asistencia de sus hijos.
El Gobierno regional anunció hace cinco meses que esta decisión de elevar la medida a decreto o no tendría un plazo de exposición pública en el Portal de Transparencia de la Comunidad, para después someter esta cuestión a los informes preceptivos para, por último, aprobarse en Consejo de Gobierno, un proceso que podría demorarse, "siendo optimistas, entre dos y tres meses", señalaba en enero la consejera.
Hasta ahora el Consejo de Gobierno no ha aprobado la modificación de los currículos de Primaria y Secundaria.
