En los pasillos de la Asamblea regional circulaba esta mañana una pequeña representación del sector agrícola en la Región, entre ellos dirigentes de la organización COAG en Murcia y Fecoam. Sin protestas a las puertas del parlamento autonómico, las asociaciones vecinales y plataformas en defensa del Mar Menor se quejaban por notas de prensa y en redes sociales que no les permitieran concentrarse para denunciar la aprobación de una ley que se queda "corta" en lo referente a la protección de la laguna.

Siete meses después de que el Gobierno regional aprobara el decreto ley de Protección Integral del Mar Menor, la mayoría de los grupos parlamentarios han aprobado hoy el texto definitivo para convertirlo en ley y entre los últimos cambios anunciados está la modificación del nombre de esta norma regional, que ahora pasará a llamarse Ley de Recuperación y Protección del Mar MenorLey de Recuperación y Protección del Mar Menor, quitando la palabra 'integral', una reivindicación de la industria agroalimentaria del Campo de Cartagena y de los regantes de esta comarca.

Antes de la votación, los portavoces de cada grupo político intervinieron para ensalzar el nuevo texto o reflejar a quién deja por el camino los cambios en la normativa. Por un lado a los agricultores y las empresas agrarias, como señalaba el diputado de Vox Pascual Salvador, y por otro a la propia laguna y su desprotección, como subrayaba la portavoz de Podemos, María Marín. PP, Cs y PSOE escenificaron el consenso que durante los últimos días han formalizado en los despachos de la Asamblea al perfilar una ley necesitada de "mejoras" y que ahora es el fiel escudo de una "unidad política" que quieren plasmar los tres partidos, en palabras del portavoz popular, Joaquín Segado.

La intervención primera la tuvo Diego Conesa, portavoz del grupo parlamentario socialista, que en sus minutos de discurso resumió los "logros" que el PSOE ha obtenido al llegar a un consenso del 90% de las enmiendas entre los tres partidos. Casi medio centenar de enmidas legislativas llegaron de parte de la Comunidad de Regantes de Cartagena y de la fundación Ingenio, organización que representa a las empresas agrarias de la comarca. 172 han sido las presentadas por parte de todos los grupos parlamentarios.

Este miércoles todavía se seguían votando enmiendas de última hora, pero el texto definitivo salió adelante en torno a las doce del mediodía con los votos a favor de PSOE, PP y Cs, y con el voto en contra de Podemos y Vox. Una aprobación aplaudida por la mayoría de los diputados que pone fin, al menos en la parte legislativa, a esta tormentosa norma a la que no le han faltado las críticas desde todos los sectores sociales y económicos.

Desde este punto, PSOE, PP y Cs se han animado entre ellos a no dejar tirada la norma y poner todos los medios necesarios para que se "cumpla", porque si no, "no tendrá valor". Conesa pedía al Gobierno regional "un refuerzo de los medios naturales y humanos en la dirección general de Medio Ambiente" y desde la bancada popular el portavoz Segado solicitaba el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, organismo para el que practicamente solo tuvo reproches por su gestión "en el recorte de los trasvases del acueducto Tajo-Segura" y en las restricciones aprobadas por la Confederación Hidrográfica del Segura para la actividad agrícola por la contaminación por nitratos del acuífero de Cartagena.

Juan José Molina, portavoz del grupo de Ciudadanos, entendió este día como una jornada en la que no hay espacio para "los reproches y la crispación" y celebró también el consenso político alcanzado entre los tres partidos, colocando al suyo como nexo de unión entre PP y PSOE. Molina pide ahora, tras salir adelante la ley, centrar la lucha política de la Región en lograr una mejor financiación autonómica, evitar el cierre del trasvase Tajo-Segura y potenciar el Corredor Mediterráneo.

En la parte contraria, el blanqueo a las "prácticas de la agroindustria" y la "subvención en la zona 1 de la cuenca del Mar Menor a los nitratos" eran dos argumentos de la diputada María Marín para denunciar la "falta de utilidad" de la nueva ley. Apuntó sus críticas hacia Conesa por permitir con su voto a favor que salgan adelante la "tesis" del 'lobby agrícola' y le recordó que el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la CHS, ha aprobado medidas contra la contaminación del Mar Menor más restrictivas que la norma regional. La agricultura de precisión, que se podrá llevar a cabo dentro de los primeros 1.500 metros de la ribera del Mar Menor y que permitirá el uso de fertilizantes hasta un máximo de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año, fue otro golpe en el discurso de Marín. "No tiene ningún tipo de respaldo legal esa agricultura".

Juan José Liarte, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, y su antiguo compañero, el diputado Pascual Salvador, centraron sus críticas en "la falta de criterios técnicos y científicos" en los artículos de la ley del Mar Menor. Cogiendo la principal crítica de los representantes de las empresas y cooperativas agroalimentarias, ambos políticos denunciaron que la "ineficacia" de las medidas aprobadas.