El letrado de la Comunidad recuerda en el escrito presentado al juzgado que el Ente Público del Agua (EPA) recurrió al asesoramiento de bufetes privados, hasta el punto de que en 2007 se recibieron facturas de hasta tres despachos de abogados, «cuya suma alcanza la astronómica cifra de 267.730 euros». El letrado de la Comunidad critica que el director de uno de los asesores, Andrés Arnaldos, también imputado, no se preocupara de que los fondos públicos fueran tratados adecuadamente, ya que era, además, dirigente del Ente Público del Agua. Concluye que existen indicios de que la parte pública y la privada pudieron actuar en connivencia para sacar adelante el proyecto.
