El Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer en la Asamblea Regional una proposición de ley de cambio climático que propone reducir los gases de efecto invernadero un 40% en 2030; que establece una obligación legal no solo para las administraciones, sino también para las empresas; y que responde al principio de que «quien contamina, paga».

Así lo hacía saber el secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Diego Conesa, quien recordaba que la estrategia que el pasado jueves anunció el Gobierno regional plantea el 26% de reducción de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, que es «justo la mitad» de lo que establece el pacto verde o 'green deale' europeo, que aspira a la reducción del 50%.

El PSOE, al igual que propuso en 2017 y 2019, quiere que esta reducción se eleve al 40% en 2030, a expensas de que «se pueda generar durante el proceso parlamentario un debate para revisar y ampliar ese dato», según anunciaba Diego Conesa en una rueda de prensa ofrecida este 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.

Y es que el PSOE entiende que el mínimo debe ser el 40% de reducción para 2030, puesto que es la meta que la UE se fijaba antes del pacto verde y es el objetivo que «muy posiblemente se fije en la tramitación parlamentaria a nivel nacional en el Congreso de los Diputados». Su intención es «no quedarnos por detrás en una Región que tiene que ser muy ambiciosa en este asunto».

En segundo lugar, el PSOE pretende con su proposición de ley definir un «anclaje legal» para que «no nos quedemos solamente con la estrategia». El objetivo es que haya una «obligación legal» no solo para las administraciones públicas, sino también para las empresas.

Conesa recordó que es la tercera vez que el PSOE intenta proponer una ley de cambio climático.

A su juicio, la tramitación de esta norma «es prioritaria», una vez que el Gobierno regional ha anunciado una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, «un elemento importante junto a la evidente y necesaria declaración de emergencia climática de la Región». Y cree que esa estrategia «necesita un anclaje legal que la respalde, para no quedarse simplemente en un anuncio más del Gobierno».

El PP apuesta por «educar»

Por otro lado, los diputados del Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Mata y Jesús Cano, han presentado una iniciativa en la Asamblea en la que proponen la elaboración de «una Estrategia de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de la Región de Murcia», según informaron fuentes del PP en un comunicado.

«Educar en valores medioambientales es el gran reto que tiene la enseñanza por lo que queremos impulsar un modelo educativo en el que los niños piensen y actúen en verde con una conciencia firme y clara», dijo Mata.

«Un niño educado en la sostenibilidad ambiental, seguro que no tira una mascarilla quirúrgica al suelo o deja correr el agua en el grifo cuando se lava los dientes».